Firmas falsificadas, 70 mil millones de pesos embolatados y los niños sin internet, así va el lío del MinTic

El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones adjudicó en diciembre del 2020 un contrato por 2.1 billones de pesos que hasta el momento no se ha ejecutado. En redes piden la renuncia de la ministra Karen Abudinem

Firmas falsificadas, 70 mil millones de pesos embolatados y los niños sin internet, así va el lío del MinTic FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM
Firmas falsificadas, 70 mil millones de pesos embolatados y los niños sin internet, así va el lío del MinTic FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones adjudicó en diciembre del 2020, un contrato por 2.1 billones de pesos con Comcel y la Unión Temporal Centros Poblados, para que estos contratistas se encargaran de instalar 15 mil centros digitales para conectar a internet las zonas rurales más apartadas del país. Sin embargo, a pesar de que el contrato inició en diciembre del año pasado, hasta abril de 2021 solo se había ejecutado el 1% del mismo.

Así lo denunció La W quienes conocieron el contrato y las resoluciones del mismo y aseguraron que, antes de que se adjudicara, en la entidad ya se había cuestionado la empresa que lo iba a ejecutar porque el contratista que se ganó la región B, la Unión Temporal Centros Poblados, no contaba con la experiencia para poder llevarlo a cabo.

Han pasado ocho meses desde que la adjudicación la Unión Temporal Centros Poblados empezó a incumplir las metas propuestas y no estaba instalando los puntos digitales que estaban dentro del calendario de la entrega de la contratación.

La indignación frente al caso:

Debido a las constantes denuncias por este contrato el periodista Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por hoy’ se mostró indignado por el tema y no pudo evitar mostrar su molestia al aire:

“No es posible que cada semana comencemos con más y más detalles de esa adjudicación de internet para colegios en zonas apartadas que ha resultado ser un desastre y una vergüenza para este país. No es posible que la señora ministra de comunicaciones [Karen Abudinen] no logre dar las explicaciones que toca ante una situación que es verdaderamente aberrante”, dijo Gómez en el espacio radial que dirige.

El contratista que se sabía, no contaba con la experiencia necesaria, porque tiene empresas que no tienen nada que ver con el sector de las telecomunicaciones, para abril del 2021 solo contaba con un avance registrado del 1,2% y aunque también recibió el 10 de febrero un anticipo por $70.243 millones de pesos que equivalen al 7% del valor del contrato no ha instalado ni un solo punto de los que deben responder en el contrato.

La W conoció que esta empresa también había solicitado la modificación del cronograma de ejecución por la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. En caso de que esta prorroga no sea aprobada, se podrían iniciar las primeras sanciones a esta Unión Temporal.

“Dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá́ con los trámites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de la meta pactada”, dice el documento compartido por La W.

Hasta el momento el Ministerio no ha entregado información de las consecuencias que puede traer este incumplimiento y qué medidas tomarán al respecto.

FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM
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Se ganaron el contrato con firmas falsificadas:

Debido a estos incumplimientos, el Ministerio de Tecnologías empezó un proceso en contra el contratista por incumplimiento. En la audiencia contra la empresa se reveló que había presentado una garantía falsa del Banco Itaú. Esto llevó a que se iniciara un proceso de caducidad que terminó el pasado lunes 19 de julio y con el que se le informó al contratista que tiene 10 días hábiles para que inicie el proceso de reposición sobre el acto administrativo.

Como consecuencia se dieron cuenta que existe “una presunta ‘fábrica’ de documentos apócrifos” para obtener contratos públicos y que de esta manera la empresa logró ganarse el contrato con el MinTic a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios. En la cabeza de esas irregularidades se encuentra el empresario Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, constructor de grandes obras de infraestructura y quien, según investigaciones de La W, sirvió como intermediario para conseguir la garantía del banco Itaú con Centros Poblados.

De igual forma, aparece mencionada dentro de los contratos la aseguradora Rave Agencia de Seguros Ltda, quienes aclararon que desde su cuenta, no se expidió la garantía bancaria de este contrato y que tan solo se tramitó la póliza de responsabilidad civil extracontractual, siguiendo un riguroso proceso de verificación de más de 150 folios.

“Para el mencionado proyecto, RAVE tramitó la póliza de responsabilidad civil extracontractual, siguiendo un riguroso proceso de verificación de más de 150 folios, de acuerdo con los lineamientos legales y estrictos criterios técnicos correspondientes”, aseguraron a través de un comunicado de prensa.

¿Qué dice la Ministra?

Tras la polémica, la ministra TIC, Karen Abudinen, tuvo que salir a dar explicaciones sobre una gran cantidad de dinero que está envolatada. Son 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsarle MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia.

“No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”, escribió Abudinen en su cuenta de Twitter.

Así mismo, en entrevista con W Radio, la ministra aseguró que está dispuesta a buscar hasta la extinción de dominio para recuperar el último peso de los $70.000 millones que ya se desembolsaron: “Cuando la plata entra a Estados Unidos, ahí si es verdad que uno puede llevar hasta la última persona que se le dispersó los recursos”.

Agregó que el contrato es inejecutable, lo que significa que al día de hoy es como si no hubiera contrato. Adicionalmente, informó que ya se abrió un proceso contra la interventoría por incumplimiento.

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