Ley Migratoria permitirá la homologación de títulos de estudios

El interesado deberá confirmar que exista un convenio entre las instituciones involucradas

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Durante el 2020 las pruebas fueron aplicadas a 400.000 estudiantes de manera electrónica, de ellos más de 305.000 lo presentaron desde casa. Vía: Colprensa
Durante el 2020 las pruebas fueron aplicadas a 400.000 estudiantes de manera electrónica, de ellos más de 305.000 lo presentaron desde casa. Vía: Colprensa

Este miércoles 4 de agosto, el presidente Iván Duque sancionó la nueva ley de política migratoria, la cual busca defender los derechos “de todos los migrantes: tanto de los colombianos en el exterior, como de los colombianos que retornan al país y de todos los extranjeros que han venido a vivir a Colombia”.

El proyecto plantea estrategias e iniciativas orientadas a mejorar la asistencia consular, promover y mantener los vínculos con Colombia, facilitar su integración con el desarrollo económico del país y acompañar el retorno.

Asimismo, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, esta la ley permitirá y facilitará la convalidación y homologación de títulos de estudios, los cuales deberán realizarse directamente por la institución de Educación Superior en la que el interesado desee continuar sus estudios.

“El Ministerio de Educación Nacional reglamentará dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, el proceso de convalidación dentro del marco de las disposiciones legales, y sobre los principios de buena fe, economía, celeridad, calidad; y coherencia con los tratados internacionales suscritos en la materia; y dará prevalencia al criterio de acreditación para surtir el trámite”, señala la ley.

Cabe recalcar que, el interesado debe percatarse de que exista un convenio entre las instituciones involucradas y será permitida a estudiantes “cuyo título no fue objeto de convalidación para culminar sus estudios en Colombia, o aquellos títulos denominados universitarios no oficiales o propios los cuales fueron otorgados con posterioridad a la vigencia de la Ley 1753 de 2015″.

El proyecto, presentado por el senador del partido de La U Andrés García Zuccardi, define los requisitos y condiciones de ingreso, permanencia de extranjeros, otorgamiento de visas y aplicación del régimen legal de nacionalidad.

”Con esta política le apostamos a la formalización, la reactivación económica y a la generación de más oportunidades de empleo a futuro. De igual manera, buscamos un país más incluyente y solidario así como la modernización de los canales de atención del Estado para todos los habitantes del territorio nacional”, manifestó el senador Zuccardi.

Otras leyes sancionadas

En esa misma línea, el jefe de Estado aprobó la Ley de Fronteras que, a través del régimen especial aduanero, promueve beneficios económicos en favor de los municipios y áreas no municipalizadas fronterizas. Así como la implementación de medidas de facilitación del comercio transfronterizo en zonas con condiciones tributarias y aduaneras favorables y diferenciadas, y la formalización de corredores logísticos de aprovisionamiento y abastecimiento.

Por otro lado, el mandatario sancionó la Ley de Delitos Ambientales, con la cual el Gobierno nacional, con el apoyo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, y de la Fiscalía General de la Nación, espera fortalecer la estrategia de defensa de los recursos naturales del territorio nacional.

El proyecto modificará el Código Penal en su título de Delitos Ambientales, añadiendo nuevos crímenes ambientales penalizados como la promoción y financiación de la deforestación, el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. Asimismo, se podrán imponer sanciones penales según el delito cometido.

“Se logra el fortalecimiento de los tipos penales con el aumento de las penas, y la actualización de los mismos, así como la tipificación de las nuevas amenazas ambientales que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente. Entre las amenazas están la deforestación, la financiación ilegal de la deforestación, el tráfico animal y la apropiación ilegal de baldíos de la nación”, señaló el Gobierno nacional en el documento.

Cabe recalcar que, las personas que hayan sido penalizadas por los delitos ambientales que se contemplan en la ley, no tendrán la posibilidad de constituir personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos a la ciudadanía.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene como meta llegar a cero deforestación en 2030, razón por la cual ha venido adelantado acciones como la operación Artemisa, con la que se ha logrado el control de más de 14.500 hectáreas de bosque.

“La lucha que tenemos contra la deforestación tiene una nueva herramienta. Estamos trabajando en varios frentes, como seguridad nacional a través de la campaña, con las fuerzas militares, la Policía, la Fiscalía y todos los sectores del Estado para llegar al territorio y poder frenarla (...) Van 10 operaciones Artemisa con las que se ha logrado la protección de más de 14.500 hectáreas de bosque”, manifestó el ministro de la cartera, Carlos Eduardo Correa, al diario La República.

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