Implementar el Acuerdo Final de Paz en Colombia tardaría 26 años, según la Contraloría

El jefe de la entidad expuso que entre 2017 y 2020 no se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos para la implementación de los acuerdos firmados con las Farc y advierte un riesgo de desfinanciación

Dadeiba. 17 de Abril del 2019. Un pequeño municipio, de los tantos que hay en Colombia y que en su memoria guarda reflejos de un conflicto armado que aún persiste, pero que a hoy ha servido de refugio para los excombatientes de las Farc que, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, buscan un tránsito a lo que eran antes de la guerra: campesinos de “bien”. (Colprensa-Sergio Acero)
Dadeiba. 17 de Abril del 2019. Un pequeño municipio, de los tantos que hay en Colombia y que en su memoria guarda reflejos de un conflicto armado que aún persiste, pero que a hoy ha servido de refugio para los excombatientes de las Farc que, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, buscan un tránsito a lo que eran antes de la guerra: campesinos de “bien”. (Colprensa-Sergio Acero)

Este miércoles, el contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, presentó un informe sobre los recursos del posconflicto en los últimos años. La advertencia fue clara: de seguir el ritmo actual la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años.

“Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”, detalló la Contraloría.

Para el ente de control, la ejecución anual ha mostrado este comportamiento, en contraste con lo previsto en el MFMP:

2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones)

2018: $4,21 billones ($8,62 billones)

2019: $6,31 billones ($8,55 billones)

2020: $6,53 billones ($8,38 billones)

2021: $5,67 billones (el MFMD había previsto $8,80 billones)

De acuerdo con esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo equivalentes a aproximadamente $8 billones en el periodo 2017-2018; a $4 billones en 2019-2020 y a $3 billones en el 2021.

Durante el período 2017-2020 el seguimiento de la Contraloría evidencia una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020. Es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020).

La mayor parte de los recursos ejecutados a ese año, se orientaron al punto 1 sobre la Reforma Rural Integral y al punto 4 que busca darle Solución al Problema de Drogas. En 2021, el primero asocia el 74,2 % de los recursos, mientras que el cuarto apenas alcanza un 0,2 %.

Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, lo que hace referencia a un 44 % de lo previsto para los cuatro años.

Así las cosas, se determinó que el Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal. El 65 % de esos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral (RRI), seguido por un 9 % dirigido al Fin del Conflicto y un 12 % a Víctimas.

¿Qué vio la Contraloría?

Este informe de la Contraloría, que irá al Congreso, presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final de Paz: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación.

Desmovilizados de las FARC fueron registrados este jueves, durante el inicio de la llamada "Marcha de peregrinación por la vida y la paz" desde Medellín y hasta Bogotá, en rechazo a la violencia que le ha costado la vida a más de 230 de ellos y exigiendo que se respeten los acuerdos de paz. EFE/Luis Eduardo Noriega
Desmovilizados de las FARC fueron registrados este jueves, durante el inicio de la llamada "Marcha de peregrinación por la vida y la paz" desde Medellín y hasta Bogotá, en rechazo a la violencia que le ha costado la vida a más de 230 de ellos y exigiendo que se respeten los acuerdos de paz. EFE/Luis Eduardo Noriega

“Hay un riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. La CGR sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)”, señaló la entidad.

Igualmente, alertó que hay un riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación.

Para el ente de control, se evidencia un riesgo de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo.

Vea el informe completo aquí:

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