Gobierno colombiano radicará proyecto para regular el derecho a la protesta

Aunque el Gobierno nacional asegura que las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las manifestaciones en el país no son vinculantes, aseguran que, como lo estableció este sistema, buscarán regular el derecho a la protesta con un proyecto de ley estatutaria.

Tras una visita de la CIDH, en la que recogió denuncias y testimonios de violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas del paro nacional, este organismo emitió 41 recomendaciones al Estado colombiano, para evitar la violencia, la estigmatización y garantizar el derecho a la protesta en el país.

La respuesta de la Cancillería es que no son vinculantes y se trata de sugerencias para el planteamiento de políticas internas; mientras que el presidente Iván Duque afirmó que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”.

Sin embargo, al menos una de las recomendaciones coincide con las propuestas del Gobierno. Según dijo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez al diario El Tiempo, en la próxima legislatura del Congreso de la República, se radicará un proyecto de ley para regular la protesta social.

“Coincidimos con la necesidad de expedición de una ley estatutaria que regule los alcances y las limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia, proyecto que será radicado para la nueva legislatura”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores a ese diario.

La recomendación de la CIDH en ese sentido dice, en el informe: “Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia”, la cual, en todo caso, debe “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”.

Sin embargo, el Gobierno considera que las recomendaciones se pueden o no adoptar debido a que, según Ramírez, no tienen carácter vinculante. Por esa razón, también le dijo a El Tiempo, no consideran necesario un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos en el país, porque “sería darles el carácter de obligatorio a unas recomendaciones que por su naturaleza no cumplen con esa condición”, afirmó la canciller.

Además, otras recomendaciones para regular la protesta social en el país riñen con las posiciones del Gobierno, como el trato policial de los bloqueos de vías, uno de los puntos que más contradijo el presidente Iván Duque.

La CIDH los llama “cortes de ruta” y recomendó al Estado colombiano “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas” y que las restricciones a esta modalidad de protestas deben responden a consideraciones particulares, atienden al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias.

El presidente Duque considera que son ilegales y la ley colombiana los condena, e incluso modificó el decreto 003 de 2021 para prohibir los bloqueos de vías que se presentaron durante las manifestaciones del Paro Nacional y provocaron varios choques con la Fuerza Pública.

Otras de las recomendaciones es que “se abstenga de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones” la figura policial del traslado de protección, para evitar las capturas masivas y desapariciones de personas que se han visto durante la actual situación.

Además, la CIDH recomienda limitar la actuación del Esmad a casos “estrictamente necesarios”, así como trasladarlo junto a la Policía al Ministerio del Interior. Así mismo, limitar la justicia penal militar a acciones que atenten contra los principios de la institución y, los casos de exceso de fuerza sean asumidos por la justicia civil.

En ese sentido, en el legislativo se anunció un proyecto de ley estatutaria liderado por el senador Juan Diego Gómez, que buscará articular el artículo 37 de la Constitución con el resto del ordenamiento; pero que además incluye prohibición a que los funcionarios públicos participen de ese derecho.

Por su parte, los anuncios del Gobierno nacional en ese sentido, buscan limitar la definición de protesta pacífica y endurecer las condenas de los detenidos en medio de las manifestaciones, autores de actos vandálicos y protagonistas de bloqueos viales.

SEGUIR LEYENDO: