Durante el paro nacional han aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles: JEP

El tribunal de paz explicó que algunas comunidades y organizaciones han sido amenazadas o violentadas, lo que ha complicado el acceso a territorios o a continuar con los trabajos pendientes.

Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca han sido de los más afectados en este paro Foto: Colprensa.
Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca han sido de los más afectados en este paro Foto: Colprensa.

Este jueves la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que debido al paro nacional y al manejo que se le ha dado, no han podido llevar a cabo sus tareas de manera regular por los riesgos que se le han presentado a las comunidades y personas que colaboran con la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que integran el Sistema Integral de Paz.

El informe de Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos realizado por la UIA califica de “preocupante” la situación porque entre el 28 de abril y el 30 de mayo de 2021 “aumentaron los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 11 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz”, señaló la JEP, comparando los datos con los mismos periodos de años anteriores.

También especifica que las afectaciones a civiles tuvieron en este periodo un aumento del 400 % ya que en 2021 se presentaron 89 afectaciones, mientras que en años anteriores se reportaban solo 18. “Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, señala el informe.

“De forma oportunista, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han aprovechado la coyuntura del paro nacional para debilitar al Estado en regiones donde tienen injerencia”.

Entre las organizaciones que intervienen ante la JEP, la Comisión de la Verdad y la UPBD y que se han visto amenazadas están el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), uno de los protagonistas del paro en Cali; el Pueblo Awá, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos y algunos Pueblos Indígenas del Cauca. Este departamento, Bogotá y el Valle del Cauca que tiene cinco casos, son los más afectados.

Igualmente, este informe advierte el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social. “Con ocasión del paro nacional, hay evidencias en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, reveló este reporte. Asimismo, el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la UIA identificó 12 casos de violencia sexual que afectan a manifestantes y uno que afectó a una mujer policía en el transcurso del paro nacional.

“...es probable que varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementen su situación de riesgo de seguridad, por lo que se estarían presentando amenazas que tienen el potencial de obstruir su participación efectiva en los procesos que desarrollen las entidades del Sistema en el futuro”, señala el informe.

Otro de los hechos que recoge la JEP es uno de violencia contra miembros de la población LGBTI cuando en Soledad, Atlántico, dos jóvenes denunciaron sufrir violencia y abusos sexuales en una estación de Policía del municipio, “según indican, el abuso fue perpetrado por personas que se encontraban allí y con el consentimiento de la Fuerza Pública”.

El documento agrega que Colombia es el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo con un muerto cada 36 horas, además resalta que el paro nacional tiene las cifras de muertes violentas, en el marco del paro, más alta de los últimos 44 años.

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