Cancillería colombiana rechazó la detención de opositores en Nicaragua

El país firmó el llamado que 59 estados de la ONU hicieron al gobierno nicaragüense para que deje en libertad a los opositores detenidos.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (c), junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torre/Archivo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (c), junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i). EFE/Jorge Torre/Archivo

Este miércoles 23 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la también vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, rechazó la detención que se ha hecho recientemente en Nicaragua de varios líderes opositores al régimen de Daniel Ortega. Faltando cinco meses para las elecciones, el mandatario de ese país realizó una dura arremetida en contra de los líderes políticos de la oposición, deteniendo a 19 de ellos.

Entre los detenidos están cinco precandidatos presidenciales, la ex primera dama y antigua diputada María Fernanda Flores y al periodista Miguel Mendoza, según han señalado algunos medios internacionales.

Frente a esto, el Gobierno colombiano expresó su rechazo a “la detención de los líderes opositores en Nicaragua, entre ellos, 5 candidatos presidenciales, a menos de cinco meses de las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre”.

Resaltaron en su comunicado que “este tipo de acciones son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana, en particular, a lo establecido en el artículo 1º que reza así: ‘los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, al ser esencial para su desarrollo social, político y económico’”.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno colombiano recalcó que uno de los principios interamericanos esenciales es la protección de la democracia, la separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho y de los respectivos órdenes constitucionales, así como la promoción, protección, respeto y garantía de las libertades fundamentales. Además, abogó por “el respeto a las libertades públicas, el derecho de la oposición nicaragüense a participar y a manifestarse electoralmente con entera libertad”.

Finalmente, Colombia apoyó “los llamados a un diálogo nacional abierto de todos los sectores en Nicaragua para garantizar la protección de la democracia y generar soluciones pacíficas y sostenibles frente a la delicada situación que se registra en el hermano país”.

En este sentido, Colombia también hace parte de los 59 países de la ONU que solicitaron a Nicaragua la liberación de los líderes opositores en las últimas horas. Entre las naciones que firmaron la declaración figuran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití y Hungría. También la suscribieron Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza. Los representantes de México y Argentina se abstuvieron de firmar la declaración.

Los países señalaron en su comunicado que “la disolución arbitraria de los partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación. Además, la alta comisionada Michelle Bachelet, dijo que pide “al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, agregó ante el Consejo de DD. HH. en Ginebra el llamado a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Así mismo, la expresidenta chilena urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

Los analistas políticos y expertos de la organización internacional señalan que estas detenciones, que han catalogado como “arbitrarias”, impedirán que las elecciones que se llevarán a cabo en cinco meses no se desarrollen de manera legítima. Varios expertos resaltan que la intención de Daniel Ortega es facilitar su llegada, por cuarta vez, al mandato de ese país.

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