
En el desarrollo de una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes entregadas en 2017 para resolver la situación que vive la comunidad wayuú, en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en la Guajira, respecto a la falta de agua potable, alimentos, y servicios de salud, el subdirector de la organización Dejusticia, Mauricio Albarracín, le pidió al presidente colombiano, Iván Duque, reunirse con aquella comunidad para entender las problemáticas que los aquejan desde hace ya varios años.
Entre los puntos de inflexión estuvo el tema de las constantes muertes de menores de edad a causa de desnutrición, según el reporte de cifras entregado por las entidades denunciantes del incumplimiento gubernamental, en lo que va del 2021, han muerto 17 niños.
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En el 2017 se expidió la sentencia 302, en la que quedó plasmada la existencia de un mecanismo de seguimiento para adelantar labores articuladas entre la comunidad, los municipios, el departamento y el Gobierno Nacional, para trabajar por los derechos de la niñez del pueblo Wayúu. El fallo la Corte fijó como objetivos principales “el aumento de la accesibilidad y calidad del agua, una mejora en la calidad y cobertura de los programas de atención alimentaria, y el aumento y mejora de las medidas inmediatas en materia de salud”.
La cifra de los niños fallecidos fue entregada por la Defensoría del Pueblo, en vocería de Carlos Camargo, sin embargo, fue refutada por la veeduría para La Guajira que, en su reporte, indicó que son 18, y que en el departamento se presentan ocho veces más muertes de menores que en otras partes del país. “Esas muertes eran evitables, aquí los niños se mueren por un comportamiento negligente de las entidades responsables que ya les dijeron cuándo, cómo y no lo hicieron”, señaló Ruth Chaparro, representante de la Veeduría que, además, agregó que en los últimos tres años han fallecido, por la misma causa, 284 niños.
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A su turno, Albarracín aseguró que el trabajo de Duque no podía seguir siendo superficial y que, por el contrario, tiene que ser un trabajo de inmersión, lo que necesitaría un diálogo directo con la comunidad, “el presidente debe restablecer esa confianza, es importante que se reúna con esa comunidad, escuchar al pueblo wayuú. Se necesitan gestos de dignificación porque la muerte de tantos niños de manera continuada genera indignidad (...) no puede seguir comportándose de una manera colonista, de ir allá por un momento y devolverse con hojas firmadas. Eso merece una intervención más dignificadora”.

Ana María Palau, consejera presidencial para las regiones, en respuesta a la solicitud de Albarracín, aseguró que ya está listo un plan de concertación con el pueblo wayuú que tiene tiene consideradas 40 sesiones, “22 de ellas serán para la consulta previa del plan de acción (...) esto viene siendo un proceso de meses atrás con ejercicios de planificación. Desde el mes de febrero de este año se pretendía iniciar con las visitas al territorio (…) el ejercicio no ha iniciado y estamos esperando a que ellos (la comunidad indígena) de la autorización para realizar el trabajo en territorio”.
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En medio de la diligencia, Javier Rojas, representante del pueblo Wayúu, calificó al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) de ‘indolentes’, y detalló que la comunidad debe buscar sus propias formas de sobrevivir ante el abandono estatal. Enfatizó que este tema ha sido discutido en repetidas ocasiones y desde hace ya varios años pero que, sin embargo, las respuestas y soluciones han sido inexistentes.
“Hay miles de niños sin atención. La indolencia sigue de parte del ICBF y no se apersonan de nuestra niñez. El suministro de agua es prácticamente nulo, el poco recurso se lo tiene que sortear al comunidad y buscar la manera de sobrevivir (...) llevamos seis años desde que hay medidas cautelares, cuatro desde la sentencia, y no vemos ninguna solución de parte del gobierno. No hay un diálogo genuino con las autoridades. La crisis humanitaria persiste. La llegada de la pandemia empeoró la situación”, denunció.
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