Avanza proyecto que podría promover la censura a medios de comunicación e internet

En nombre de la protección de niños, niñas y adolescentes, un proyecto de ley promueve intervenir en los contenidos de los medios de comunicación y la internet.

(Cortesía - prensa Cámara - Colprensa)
(Cortesía - prensa Cámara - Colprensa)

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 600 de 2021C, con el cual se busca regular las responsabilidades del artículo 47 de la ley 1098 de 2006 para establecer y sancionar contenidos que podrían afectar a niños, niñas y adolescentes.

Varios congresistas, constitucionalistas expertos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han alertado sobre la posibilidad para la censura gubernamental y la censura previa que podría promover la iniciativa como ha sido planteada.

La principal preocupación de quienes se oponen al proyecto es la creación de un Comité de Expertos que en su mayoría “está compuesto por funcionarios públicos que en últimas decidirán cuáles contenidos, incluyendo no solamente medios de comunicación, sino también en internet, podrían llegar a afectar la integridad física, psíquica de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes”, afirmó la representante Juanita Goebertus en la discusión del proyecto.

Esa comisión genera preocupación debido a que no es un catálogo que le permita a los medios de comunicación o generadores de contenido en internet conocer qué contenidos podrían afectar a esa población, sino que es un tercero quien lo interpreta y decide, en su mayoría gubernamental.

Está en riesgo que el día de mañana, si hay contenidos que puedan hablar de educación sexual LGBTI, entonces un gobierno decida que eso atenta contra la integridad moral de nuestros niños; o si el día de mañana un gobierno decide qué contenidos en internet, que son de libre creación, que llame a la movilización podrían atentar contra la posibilidad de que los niños resulten afectados en una movilización entonces busque censurar esos contenidos”, ejemplificó Goebertus en la discusión.

La congresista del partido Alianza Verde realizó una proposición de archivo del proyecto, pero fue aprobado por la Comisión Primera. Goebertus aseguró que era necesario replantear todo el texto, pero en su lugar solo fue aprobada una modificación de iniciativa de los representantes José Daniel López y Gabriel Santos, la cual logró eliminar que una entidad administrativa pudiera eliminar contenidos que posiblemente afecten a los niños y niñas.

Rodrigo Uprimny se pronunció sobre el proyecto y afirmó que tiene al menos dos vicios de inconstitucionalidad. “Primero, esta facultad del comité de expertos viola el principio de legalidad, conforme al cual toda restricción a la libertad de expresión debe estar definida por la ley. No puede el Congreso trasladar a un comité de expertos la definición de los contenidos prohibidos. Segundo, esa regulación no pasa mínimo test de proporcionalidad pues permite a “expertos” intervenir los contenidos tanto de los medios como de internet. Este “comité de expertos” es más un comité de censura propio de dictaduras que un instrumento para salvaguardar la niñez”, señaló.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) el proyecto establece una censura indirecta pues “es peligroso que en cabeza de entes gubernamentales esté definir cuáles contenidos vulneran los derechos de la niñez”. Según la organización, ese comité de expertos definiría contenidos censurables y sometería a los medios de comunicación a las entidades estatales.

Esas infracciones que considera el proyecto, estarían sujetas a amonestaciones que van desde multas económicas hasta suspensión de los títulos o la creación de un nuevo contenido que informe de los riesgos para esa población.

La representante Adriana Matiz señaló que a raíz de las preocupaciones modificaron dos artículos del proyecto con el fin de que la comisión de expertos establezca lineamientos técnicos sobre los contenidos censurables. Así mismo, la convocatoria de audiencias públicas para que cualquier persona pueda expresar sus consideraciones del actuar de la comisión.

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