Procuraduría abrió 78 procesos contra agentes de la fuerza pública por sus actuaciones durante el paro nacional

Este 24 de mayo, la Procuraduría General de la Nación publicó un balance de las actuaciones disciplinarias en lo que va del paro nacional en contra de la Policía Nacional y funcionarios públicos.

De acuerdo con el reporte, son 78 procesos que se encuentran en etapa preliminar contra agentes de la fuerza pública por presuntos abusos y extralimitación de sus funcionarios contra los marchantes pacíficos, en los más de 20 días que llevan las protestas.

Según el Ministerio Público, de estos 54 se encuentran en las regiones y 23 han sido tomados por el organismo de control por poder preferente, lo que quiere decir que los procesos disciplinarios inician en la Policía, pero se los queda al final Procuraduría.

Dentro de esos casos está el del mayor Jorge Mario Molano y un teniente de la policía metropolitana de Ibagué por el asesinato de Santiago Murillo, quien disparó el 1 de mayo contra el joven, cuando este caminaba de manera pacífica por las calles de la ciudad.

Los dos oficiales fueron llamados a dar su versión de los hechos y se decretó la recolección de pruebas para iniciar los procesos contra estos uniformados.

Recientemente Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, envió un mensaje de apoyo a la fuerza pública en el marco de las protestas sociales que se presentan desde hace 20 días en todo el país. Según la funcionaria, los policías y agentes del Esmad están viviendo momentos difíciles a manos de los protestantes.

“A las Fuerzas Armadas y de Policía les quiero decir que Colombia está con ustedes. Sabemos que en su historia han enfrentado delincuentes financiados por los recursos inagotables del narcotráfico y los han vencido”, afirmó la jefe del Ministerio Público.

Cabello Blanco indicó que los uniformados “cuentan con los instrumentos necesarios para actuar con contundencia y efectividad en el marco de la ley y los derechos fundamentales. Sin atajos ni procedimientos arbitrarios”.

Pero dejó abierta la posibilidad de que miembros de la Policía que se salgan del marco constitucional, legal y que violen derechos humanos “se harán acreedores a las sanciones que correspondan”.

Sin embargo, fue enfática en exigir a los mandatarios locales a que usen las herramientas que están amparadas en la Constitución Política y que sean legales para enfrentar las situaciones de orden público con rudeza y así evitar que los marchantes cometan actos vandálicos.

Además, advirtió que el alcalde o gobernador que no se sienta capaz de asumir la responsabilidad frente a lo que está sucediendo o que crea que no puede controlar a los ciudadanos, renuncie a su cargo y de un paso al costado para que otra persona pueda liderar el proceso.

Denuncias de abuso policial

Según la plataforma Grita , de la ONG Temblores, se han documentado 2.378 casos de violencia policial —excluyendo los ciudadanos en condición de desaparecidos—.

De los 2.378 casos de violencia policial figuran 43 homicidios, al parecer perpetrados por la fuerza pública, si bien hay 8 denuncias más de violencia homicida que Temblores ONG está verificando para actualizar la cifra.

Entre los casos también sobresalen 384 agresiones físicas, 1.139 casos de detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 472 intervenciones violentas en medio de manifestaciones pacíficas, 33 agresiones oculares, 146 casos de disparos de armas de fuego, 18 víctimas de violencia sexual y 5 víctimas de violencia basada en género.

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