Fiscalía, Procuraduría y Contraloría piden no considerar bloqueos como protesta pacífica: ya van más de 2.000 desde que arrancó el Paro

El Paro Nacional en Colombia, que comenzó el 28 de abril, lleva más de tres semanas y pese a los esfuerzo de Comité del Paro y el Gobierno por entablar un diálogo, concretar un acuerdo ha sido un proceso muy complejo para las partes. Mientras estos avanzan, la ciudadanía sigue demostrando su inconformidad frente a la situación, política, social y económica del país, que produjo un estallido social donde los colombianos han mantenido diferentes expresiones artísticas y culturales, como arengas, batucadas, bailes, pancartas, murales entre otros; y hasta bloqueos de vías principales.

Los bloqueos de vías principales en todo el territorio nacional han sido constantemente criticados tanto por el Gobierno como por sectores económicos que consideran que esta no debería ser una forma de manifestación, pues argumentan que estaría violándoles los derechos a personas que no participan del paro, impidiéndoles el acceso adecuado a los recursos básicos, de alimentos, medicamentos entre otros, y encareciendo los suministros.

Pese a las negativas de los ciudadanos a este llamado, el Ministerio de Defensa calcula que en el país se han presentado 2.151 bloqueos registrados desde que comenzó el paro, de los cuales al día de hoy solo persisten 37 en vías primarias, estas cifras han disminuido debido al despliegue de fuerzas militares para levantar los bloqueos usando la fuerza.

De acuerdo con el diario La República, hasta el momento, el Paro Nacional le ha costado al país $10,2 billones, lo que equivale a 1,02% del Producto Interno Bruto del país que para 2020 se ubicó en $1.002 billones y también equivale a 42% del presupuesto de Bogotá que está en $23,9 billones.

Frente a este tema, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a los manifestantes a levantar los bloqueos y las obstrucciones de la vía pública.

Las entidades explicaron que: “Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población” y agregaron que cuando las manifestaciones “están acompañadas de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana”.

Por lo que las entidades anotaron en forma de advertencia que “los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal” y que si son funcionarios públicos, podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales.

Afirmaron, además, que desde estas entidades de control se está realizando un constante monitoreo de las manifestaciones bajo el cumplimiento de la responsabilidad que tiene las instituciones como garantes de los derechos de todos los colombianos.

“Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones”, se lee en el comunicado.

Así mismo, invitaron a la ciudadanía a que hicieran parte de todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, es decir unirse a los diálogos para que se puedan solucionar las inconformidades, pues resaltaron que la protesta pacífica es un derechos pero volvieron a resaltar que nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos.

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