Contraloría investigará si se han usado vehículos oficiales durante hechos violentos en Cali

En respuesta a los señalamientos, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó los hechos y dejó claro que establecerá las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

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Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a manifestantes, el 1 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a manifestantes, el 1 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Durante una audiencia en la Cámara de Representante, llevada a cabo este 12 de mayo, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, anunció que investigarán si se han usado vehículos oficiales en los actos violentos que se han presentado durante los últimos 15 días en Cali.

“Se verificará que los vehículos y demás bienes de la fuerza pública y del Estado en general estén siendo empleados para el cumplimiento de funciones constitucionales y legales, el uso de estos bienes deben realizarse con estricto apego a la ley”, manifestó Córdoba.

Cabe recalcar que, en las últimas horas han llegado denuncias desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las que indican estos vehículos habrían estado utilizándolos para la protección de líderes indígenas durante los actos de vandalismo evidenciados hace algunos días en el Valle del Cauca.

De igual forma, se habrían venido utilizando para transportar a policías vestidos de civil con el fin de generar disturbios en las calles y responsabilizar a los manifestantes.

En respuesta a los señalamientos, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó los hechos y dejó claro que establecerá las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

Rechazamos el mal uso de las medidas de protección, sea vehículos, hombres de protección y otros implementos que la Unidad le entrega a nuestros protegidos para poder cuidar su vida”, detalló Campo.

Respecto a las peticiones de los diferentes sectores al Gobierno nacional, Córdoba señaló que se debe medir de una manera correcta el costo fiscal de estas, para así poder evaluar el impacto que generarían en las finanzas del país.

De nada nos sirven acuerdos imposibles o irreales. De ahí el llamado a asumir las discusiones que se susciten en los escenarios de diálogo o negociación, con transparencia y responsabilidad”, determinó.

El pasado 9 de mayo, circularon varios videos en redes sociales donde se ve con claridad a civiles armados amenazando y disparando contra la minga indígena. De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), al menos 10 miembros de su comunidad resultaron heridos.

“Tenemos 10 heridos; uno de gravedad. Responsabilizamos al alcalde de Cali por sus afirmaciones de que nosotros debemos irnos de la ciudad porque no somos de aquí. Además, no ha entendido que hemos venido a ayudar, no solo a la ciudadanía, sino a la institucionalidad. También responsabilizamos al Gobierno nacional por la irresponsabilidad de no atender el paro como debe ser y, por el contrario, militarizar los territorio”, dijo una de las voceras del Cric.

Cabe mencionar que, las afirmaciones de los indígenas quedaron evidenciadas en varios videos. En el primero de ellos se puede ver como hombres vestidos de blanco apuntan y disparan contra las personas que se encontraban en un sector de la ciudad manifestándose de manera pacífica. Incluso, uno de los atacantes saca un arma y dispara en presencia de un policía, quien trata de protegerlo.

En respuesta a los señalamientos, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó los hechos y dejó claro que establecerá las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

En el siguiente video se ve un hombre apuntando a una camioneta de la Guardia Indígena y dispara contra los manifestantes, mientras que la mujer que graba grita “Vayansén (sic) indios” y aplaude el ataque.

En respuesta a los señalamientos, el director de la UNP, Alfonso Campo, rechazó los hechos y dejó claro que establecerá las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

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