Solicitan precluir caso de fiscal y juez investigados por coquetear en medio de audiencias públicas

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones realizadas en contra de los funcionarios no establecieron que ambos hubieran cometido los delitos de los que son señalados.

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Los dos funcionarios públicos con acusados de los delitos de abuso de función pública, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Además se les formuló un pliego de cargos por coquetear en medio de una audiencia. Foto: AFP.
Los dos funcionarios públicos con acusados de los delitos de abuso de función pública, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Además se les formuló un pliego de cargos por coquetear en medio de una audiencia. Foto: AFP.

La fiscal Gloria Ximena Sepúlveda y el juez 31 de garantías William González Muriel, se encuentran siendo investigados por los delitos de abuso de función pública, fraude procesal y fraude a resolución judicial. Sin embargo, en las últimas horas, Caracol radio conoció que este jueves 13 de mayo, la Fiscalía pedirá a una magistrada del Tribunal Superior de Cali, precluir la investigación que se cursa en contra de ambos porque considera que no incurrieron en ningún delito.

Cabe recordar, que la emisora conoció el pasado mes de febrero que además, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca formuló un pliego de cargos en contra de ambos funcionarios porque aparte de presuntamente aliarse para tomar decisiones irregulares en el caso de la herencia de una familia poderosa del departamento, también quedaron grabados coqueteando y aparentemente besándose durante el receso de una audiencia.

Según lo conocido por el mismo medio, la fiscal Sepúlveda, estaba en cargada del caso de la familia Victoria, la cual se debate la herencia de Óscar Victoria Urdinola. De acuerdo con la investigación, la funcionaria fue denunciada por levar a cabo procesos irregulares relacionados con las disputa familiar, sin embargo, las indagaciones luego arrojaron que todo se realizó bajo las normas pertinentes.

El juez González, por su parte, estaba siendo investigado al parecer por haber favorecido indebidamente a la fiscal Sepúlveda, y presuntamente haber impartido órdenes de captura bajo la orden de la funcionaria. “Luego de esa conversación íntima y sobre aspectos del proceso, el juez ha debido declararse impedido y/o la fiscal recusarlo”, se lee en el documento conocido por Caracol Radio.

Sin embargo, la información recogida por el mismo medio, señala que el ente acusador concluyó en la investigación que no hay pruebas que determinen que el juez hubiera favorecido a la fiscal Sepúlveda en el caso del que estaban al frente.

La emisora además conoció que por ese mismo proceso ya había sido imputada con cargos Claudia Amelia Girón, quien trabajó como coordinadora de la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación en la capital del Valle, lugar donde se tramitaban y se repartían las denuncias a los juzgados.

Según conoció Caracol Radio, la Fiscalía determinó que en ese caso hubo manipulación del reparto, para que la denuncia en contra de la fiscal Sepúlveda llegara a manos de Claudia Amelia Girón.

De esa manera, de acuerdo con el mismo medio, será el Tribunal de Cali el que defina este jueves sí se precluirá el caso de la fiscal Gloria Ximena Sepúlveda y el juez 31 de garantías William González Muriel, o sí se continuará la investigación y se les imputarán cargos.

En otras noticias: en las últimas horas, el exgobernador de Guainía fue condenado por irregularidades en contratos

El martes 11 de mayo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que condenó a cinco años de cárcel domiciliaria al exgobernador de Guainía, Arnaldo José Rojas, por irregularidades en 4 de 28 contratos que estuvieron bajo su encargo durante su mandato.

“En primera instancia, la Sala encontró que de los 28 contratos por los que la Fiscalía acusó al exgobernador, se evidenciaron y demostraron irregularidades esenciales en cuatro de ellos en los que hubo una actuación dolosa del procesado: el contrato 028 de diciembre 30 de 1998, el 017 del 3 de septiembre de 1998, el 027 de diciembre 30 de 1998, y la orden de servicios 0133 del 30 de diciembre de 1998.”, detalló la entidad judicial.

Aunque la defensa de Rojas argumentó que el exgobernador había encargado la supervisión, control y vigilancia de la contratación a su secretario de Agricultura y Medio Ambiente y otros funcionarios, por lo que no tenía conocimiento de las irregularidades en los contratos, la Corte señaló que su deber era vigilar de primera mano los mismos, por lo que dejó en claro su condena.

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