
Según un comunicado de Reporteros sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa -Flip- las organizaciones hacen una alerta al existente riesgo de autocensura que se está viviendo en el cubrimiento de la protestas que se viven en Colombia, y además denuncial la fuerza policial que viven los comunicadores lo cual no ha tenido un reproche público por parte de las autoridades.
“Manifestamos nuestra extrema preocupación frente a las alarmantes cifras de violencia en el cubrimiento de las manifestaciones sociales. Entre el 28 de abril y el 3 de mayo (6 días), se han documentado 70 agresiones y 76 víctimas, de las cuales destacamos 32 agresiones, 7 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 5 de acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 2 amenazas, 2 hostigamientos, 1 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 15 casos, de los cuales se advierten al menos 3 agresiones, 1 amenaza, 3 detenciones ilegales, 3 obstrucción,” informaron las dos organizaciones por medio de la página de Reporteros Sin Fronteras.
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Además, resaltan las agresiones de las que tienen reporte a nivel nacional, entre las que se destaca el departamento de Antioquia con (10), Bogotá (19), Valle del Cauca (9), Risaralda (4) y Santander (4), donde se han presentado más expresiones ciudadanas y el principal agresor sigue siendo el Estado: “62% de las agresiones son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales”, indican los defensores de los periodistas.
La organización detalló varios casos como el de un periodista que recibió un disparo en el casco, el cual fue catalogado como un intento de homicidio. Asimismo, el caso de 4 periodistas que reportaron ser golpeados con bombas aturdidoras y ser apuntados a la cara.
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De igual manera se supo del caso de 6 periodistas que estaban haciendo cubrimiento y fueron acorralados por agentes motorizados; al menos 2 fueron lesionados por bombas lacrimógenas y 1 por impacto de bala de goma.
Ante los constantes abusos, la organización exigió:
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1. Al Presidente Duque y al ministro del interior que emitan un rechazo público frente a los hechos violentos contra la prensa y envíen un mensaje claro de cero tolerancia para los miembros de la fuerza pública involucrados en dichas agresiones.
2. A los convocantes del paro y los dirigentes y figuras públicas de los movimientos sociales y partidos políticos, a que rechacen todo tipo de agresión contra la prensa. De igual manera, que se abstengan de hacer señalamientos que estigmaticen el oficio periodístico. Estos señalamientos pueden incitar a la violencia o verse como autorizaciones indirectas de futuras agresiones.
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3. A la Procuraduría General de la Nación para que asuma poder preferente en las investigaciones disciplinarias de las agresiones contra la prensa para cumplir con el deber de investigación y sanción de los responsables.
4. A los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que entreguen cifras transparentes sobre los hechos de violencia que han rodeado las manifestaciones sociales, como compromiso con la máxima publicidad en el acceso a la información en Colombia.
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5. Al gobierno nacional, a los entes de control y a los alcaldes y gobernadores del país que brinden cifras desagregadas y se informe cómo se están gestionando las denuncias ciudadanas, incluidas aquellas en contra de los miembros de la fuerza pública.
6. A la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para que se realice una misión de verificación de la violencia contra la prensa.
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7. A la sección de libertad de prensa de la Unesco para garantizar la justicia a los periodistas agredidos e impedir la impunidad, y prevenir violencia de género.
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