“El virus no camina, corre”: gobernador (e) de Antioquia pide aplazamiento del paro nacional

Aunque el mandatario reconoció el derecho a la protesta, dejó en claro que este no es el momento adecuado, pues se vive el tercer pico de la pandemia, que ya deja un promedio de más de 3.000 contagiados y un centenar de fallecidos.

Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia.
Luis Fernando Suárez, gobernador de Antioquia.

Este 27 de abril, el Comité Nacional del Paro aseguró que las manifestaciones convocadas en rechazo de la reforma tributaria y el manejo del Gobierno nacional a la pandemia, siguen vigentes.

La jornada de protestas se dará en medio de una coyuntura crítica para el país, que atraviesa el tercer pico de contagios de covid-19 y registra más de 400 muertes diarias, consecuencia de ello.

Por esta razón, el gobernador encargado de Antioquia , Luis Fernando Suárez, pidió a los organizadores del paro nacional que aplacen las marchas programadas para este miércoles.

“El virus no camina, corre de persona en persona generando dolor, más contagios y generando muertes que podemos prevenir”, expresó Suárez.

Aunque el mandatario reconoció el derecho a la protesta, dejó en claro que este no es el momento adecuado, pues Antioquia vive el tercer pico de la pandemia que ya deja un promedio de más de 3.000 contagiados y un centenar de fallecidos.

“El Gobierno de Antioquia es un gobierno respetuoso de la diferencia, de la pluralidad, de las voces contrarias, somos amigos de la protesta pacífica, pero hoy Antioquia vive momentos muy difíciles, creemos que es el momento de cuidarnos y quedarnos en casa”, expresó el gobernador.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó como medida cautelar provisional aplazar las manifestaciones que se convocaron para mañana miércoles 28 de abril, junto a las del 1 de mayo, hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra el covid-19.

En el documento, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar asegura que con las protestas los manifestantes vulneran los derechos fundamentales a la salud, la vida, la salubridad pública, por lo que “las autoridades públicas accionadas deben salvaguardar en especial los derechos de los niños, de las personas de la tercera edad, de sus familias y de los médicos que segundo a segundo están exponiendo su vida en las UCI de hospitales y clínicas para proteger la vida de los infectados por el referido virus”.

En su decisión, el tribunal ordena al presidente y demás mandatarios locales del país a suspender los permisos que hayan dado a los convocantes de estas manifestaciones.

La magistrada insta a los sindicatos y organizaciones sociales a acudir al uso de las tecnologías de las comunicaciones en reuniones virtuales para protestar contra la reforma tributaria y sobre otros inconformismos. “Su derecho a ser oídos y a difundir sus ideas en los diferentes medios de comunicación (...) De la misma manera, las autoridades públicas involucradas deberán programar las diferentes reuniones virtuales para que dichos manifestantes sean oídos, mientras se supera este estado de emergencia económica, social y ecológica”, se lee en el texto.

La providencia además enfatiza en que no está incurriendo en una limitación ni restricciones al derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política, que protege la manifestación pública, sino que trata de impedir el incremento del daño por la expansión de la pandemia covid-19 y sus diferentes mutaciones en estos momentos de grave crisis económica y hospitalaria.

“Lo que provocará es la muerte de muchas personas de las familias y demás del grupo social con los que los manifestantes comparten y trabajan e, igualmente, la toma de medidas de confinamiento a mediano y largo plazo mientras se pueda llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño con la imposición de las vacunas a más del 70 % de la población que se asienta en el territorio colombiano, lo que, de contera, conducirá a la quiebra de más empresas y cierre de establecimientos de comercio y la pérdida de empleos”, dijo la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como argumento, la magistrada asegura que las diferentes noticias emitidas por medios de comunicación, “evidencian la inminencia de la ocurrencia de un daño grave ante el riesgo inminente de afectación grave a los derechos a la salud, a la vida y a la salubridad pública por cuanto si bien las autoridades accionadas han adelantado diferentes mesas de trabajo de manera consensuada con los ciudadanos que reclaman el derecho fundamental a la manifestación”.

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