El covid-19 impidió que Camilo Gómez entregara a la Corte Penal Internacional el informe sobre los cinco temas que tiene en la mira este tribunal internacional

Este lunes 26 de abril, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, llevaron a la Corte Penal Internacional un informe de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) sobre los cinco temas que tienen a Colombia en la mira de ese tribunal internacional.

El informe incluye temas como el paramilitarismo, ‘falsos positivos’, violencia sexual durante el conflicto armado, desplazamiento forzado y el tránsito de la justicia ordinaria a la JEP. El documento, según informó en un comunicado la Andje, tiene detalles de las acciones adelantadas por el sistema judicial colombiano en los procedimientos relativos a los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.

El texto fue escrito con colaboración de la Fiscalía General, la JEP, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Justicia Penal Militar y se trata del primer documento de su tipo, según reveló la agencia, que hará presencia en la CPI. Uno de los objetivos es demostrar una alta solidez institucional en los mecanismos de juzgamiento efectivo.

De acuerdo con El Tiempo, la vicepresidente y la vicecanciller destacaron la labor que ha llevado a cabo la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la persecución de delitos internacionales y el trabajo en conjunto con Colombia.

Según Noticias Caracol, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, no pudo viajar a la entrega del documento, pues fue diagnosticado con covid-19, por lo que tuvo que quedarse en el país.

Este es el comunicado:

“La Cancillería y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prepararon un detallado informe sobre los cinco temas colombianos que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene en observación. Hoy, en La Haya, la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, hicieron la entrega de este documento al tribunal.

En este informe, se destacan las acciones adelantadas por el sistema judicial sobre procedimientos nacionales relativos a los crímenes del Estatuto de Roma. En su elaboración, colaboraron la Fiscalía General, la JEP, la Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado y la Justicia Penal Militar.

Con la presentación de este documento, Colombia demuestra una alta solidez institucional en los mecanismos de juzgamiento efectivo. El informe está enmarcado dentro del principio de “competencia complementaria” y es el primero de este tipo que se presenta ante la CPI”.

En 2020, la Fiscalía General de la Nación notificó a la Corte Penal Internacional (CPI) que actualmente están siendo investigados 22 generales del Ejército Nacional por los casos de ejecuciones extrajudiciales.

La entidad aclaró que se realizan 29 investigaciones por parte de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sobre 145 casos de ejecuciones extrajudiciales, que dejaron 1.045 víctimas.

Según informó El Tiempo, la Fiscalía señaló que los procesos, con corte a septiembre de este año, se encuentran en los despachos de la Dirección Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entidad encargada de investigar a los generales.

La Fiscalía precisó que de los 145 casos, 90 avanzaron hacia imputación de cargos, 48 siguen siendo investigados y otros 7 procesos están en etapa de juicio.

El ente acusador había avanzado en las investigaciones contra los generales Mario Montoya, quien alcanzó a ser citado a imputación de cargos, y Henry William Torres Escalante, llevado ante la justicia. Sus procesos se encuentran actualmente en la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El informe afirma que estos hechos se habrían registrado en la Brigada Móvil 15, Segunda Brigada y en la Brigada 30 de Norte de Santander y Magdalena entre el 2002 y 2009.

Frente a este equipo militar, el ente acusador confirmó que tiene en curso 145 casos por ejecuciones extrajudiciales contra 1.045 personas, incluyendo 15 coroneles y 22 mayores.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación actualmente investiga 78 casos de ‘falsos positivos’ que se habrían registrado entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar. Por estos hechos están en proceso 544 uniformados de la Primera División del Ejército, entre ellos tres coroneles y doce mayores.

Igualmente, el reporte confirma que entre 2002 y 2008 en los departamentos de Meta, Vichada y Casanare, se reportaron 265, en los que hay 1.533 involucrados, entre ellos 57 mayores y oficiales de alto rango del Ejército Nacional.

De estos 265 casos, el informe reporta que 128 estaban en etapa de indagación previa, 132 estaban en etapa de investigación (“con imputación o apertura de instrucción”) y cinco, en etapa de juicio.

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