Detienen construcción obra en Buenaventura por búsqueda de cuerpos de víctimas del conflicto

Los cadáveres de 100 personas habrían sido lanzadas a la fuente hídrica de la zona. Expertos aseguran que la cifra supera las cuentas que tienen las víctimas en su radar.

Para el momento se buscan restos de víctimas del conflicto en esa zona.
Para el momento se buscan restos de víctimas del conflicto en esa zona.

La construcción de una obra para permitir el ingreso a embarcaciones pesqueras al sector de El Piñal, en Buenaventura, se encuentra suspendida. Aunque se hizo una solicitud por parte de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y familiares de víctimas de la violencia en Colombia para detener el avance de la obra, realmente estaría suspendida por razones diferentes. Familiares y voceros de víctimas del conflicto armado aseguran que allí, en donde se pretende instalar la estructura, se habrían desaparecido, forzosamente, a cerca de 100 personas, entre el 2000 y el 2015.

Según información tomada del periódico El Tiempo, en Buenaventura, hay registros de, por lo menos, 841 personas desaparecidas a causa de la violencia, sin embargo, recalca que no hay cifras exactas, y que los desaparecidos allí son incalculables. “Uno no puede decir que está viviendo sino sobreviviendo (...) hay lugares a los que usted entra sin saber si sale (...) uno sale de su casa pero no sabe si regresa”, dicen los pobladores de la ciudad, en testimonios recopilados por ese medio nacional.

De acuerdo con la organización, y la solicitud que radicó, en la zona se debe priorizar la búsqueda de los restos de los cuerpos de las víctimas del conflicto que, según informó Noticias RCN, con base en el testimonio de los habitantes de la comunidad, eran lanzados a la fuente hídrica que pasa por allí. Según los ciudadanos, los cuerpos de las personas asesinadas eran desmembrados y lanzados al agua.

“Vamos a identificar la estrategia de abordaje para poder satisfacer los derechos de las víctimas”, aseguró Luz Marina Monzón, directora unidad de Búsqueda quien, para una entrevista con El Espectador agregó, “este es un territorio donde la violencia no sólo ha causado violaciones a los derechos humanos, sino que esas violaciones han sometido a las comunidades a unas condiciones de vida no consistentes con la dignidad humana. Y esto es algo intolerable”.

Invías, ente consultado por el noticiero, aseguró que, a modo de apoyo a las víctimas, acatan la decisión, “entendernos que la decisión de la JEP se origina en las necesidades de establecer la verdad, ante las solicitudes de los familiares de las víctimas de la violencia y consecuentemente manifestamos nuestro acuerdo con la decisión”.

La obra estaría avaluada en más de 15 mil millones de pesos y, aunque está actualmente detenida, presuntamente por la solicitud de las víctimas, la realidad apunta a que no ha evolucionado por problemas de financiación. En dos semanas, de acuerdo con el medio de comunicación, las autoridades competentes en la decisión sostendrán reuniones que permitirán resolver la evolución o detención temporal del proyecto. La construcción pretende aumentar 4,5 metros de profundidad a lo largo de 6,4 kilómetros del estero para facilitar la navegación de embarcaciones y mejorar el comercio en el distrito.

El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, se refirió frente al tema con El Espectador y aseguró: “no creo que haya que escoger entre una cosa y otra (la construcción o búsqueda de desaparecidos). Ahí está el desafío, en cómo Colombia aprenderá a buscar desaparecidos en un contexto como el de Buenaventura: de esteros, manglares, de flujo de marea cada seis horas”.

La noticia llega a la par del anuncio de la búsqueda de restos de víctimas del conflicto por parte de la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD, quienes recorrieron el estero San Antonio, donde, según El Espectador, habría más de mil desaparecidos. Fue el pasado lunes 12 de abril cuando, en cinco balsas, integrantes de las organizaciones, familiares de desaparecidos, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); Alexandra Sandoval, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Leyner Palacios, comisionado de la Comisión de la Verdad, visitaron y recorrieron la zona.


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