Iniciativa en el Congreso busca que Colombia pueda tener cárceles productivas

El objetivo es expandir las posibilidades laborales y académicas para la población privada de la libertad, mientras cumplen con su condena. Esto se traduciría en menos reincidencia criminal, hacinamiento y mejor sostenimiento.

Fotografía a los carteles que los reclusos cuelgan en las ventanas de la cárcel La Picota pidiendo atención a su situación y la excarcelación , en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Fotografía a los carteles que los reclusos cuelgan en las ventanas de la cárcel La Picota pidiendo atención a su situación y la excarcelación , en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Un grupo de congresistas del Centro Democrático comenzó, el pasado viernes 16 de abril, el trámite en esa corporación para sacar adelante un proyecto de ley que permita crear cárceles productivas en Colombia. La iniciativa busca que, principalmente los reclusos que llegan por primera vez a centros penitenciarios o que sean considerados de menor peligrosidad, puedan trabajar y estudiar mientras purgan condena.

Según explicó a Red+ Noticias, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, la iniciativa “busca que los presos trabajen y estudien en la cárcel, es una oportunidad para que por una parte ocupen su tiempo libre y por otra parte salgan a servirle a la sociedad”. Eso, a través de actividades económicas, comerciales y agropecuarias de distintas indoles.

De igual manera, los autores del proyecto señalan así se puede aportar a la reducción de la reincidencia en delitos, el hacinamiento carcelario y hasta el costo de sostenimiento por recluso. Así lo expuso la representante Margarita Restrepo, de esa misma colectividad, quien recordó que, “el sistema penitenciario colombiano supuestamente es un sistema resocializador, y hoy las cárceles son más universidades del crimen que centros de resocialización”.

Para argumentar esta tesis, los representantes sostuvieron una audiencia en el Congreso en la que participaron expertos en derecho penal como Óscar Iván Rodríguez, docente de la Universidad Católica, quien señaló para el mismo noticiero que, “al momento de ellos —los reclusos— presentar todas las posibilidades que tienen incluso de redimir pena, pues estas oportunidades son escasas, son mínimos”.

De igual manera, el experto observó que las personas privadas de la libertad están en su mayoría en edad y condiciones para laborar, por lo que se trata de “una mano de obra que se encuentra obviamente perdida en estos establecimientos carcelarios”. En ese sentido, se tiene registro de que a febrero de este año había en las penitenciarías del país un total de 97.676 presos, lo que a su vez significa que hay un hacinamiento del 20,74, por ciento, según El Tiempo.

Sobre la remuneración de esas labores, la iniciativa señala que esta se destinaría, por ejemplo, a reparar a las víctimas, generar apoyo familiar, abrir un ahorro programado e incluso gastos de sostenimiento. Vale recordar que, según declaraciones ofrecidas a inicios de este mes por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, cada interno le cuesta al país $2.400.000 mensuales.

Esta, sin embargo, no es la única iniciativa que busca fortalecer las oportunidades laborales y académicas para la población privada de la libertad. El 31 de marzo pasado también se conoció el proyecto piloto de alternatividad penal lanzado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en alianza con la Embajada de los Estados Unidos (INL). Con este también se plantea reducir la reincidencia penal y evitar el hacinamiento carcelario, entre otros objetivos.

El principal, claro, es interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y reincidencia del crimen organizado al reducir la cantidad de infractores elegibles de bajo riesgo que son enviados a centros carcelarios y penitenciarios. Para ello se buscará optimizar “el uso de las alternativas al encarcelamiento existentes en el Código Penal colombiano, pero que son subutilizadas. Así las cosas, se construirá una herramienta de evaluación del riesgo para que los jueces puedan tomar decisiones más informadas y acertadas”.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el proyecto tendrá una duración de tres años y actualmente se encuentra en la fase de designación de delegados para pasar luego a mesas de trabajo institucional en fechas que aún están por definir.

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