Magistrado del CNE, que busca inhabilitar a Gustavo Petro, denuncia que está siendo amenazado de muerte

El togado Contreras aseguró que ya alertó a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto; el Consejo Nacional Electoral rechazó estas conminaciones.

Senador Gustavo Petro y magistrado del CNE, Renatro Contreras. Fotos: Colprensa.
Senador Gustavo Petro y magistrado del CNE, Renatro Contreras. Fotos: Colprensa.

En la mañana de este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció que el magistrado Renato Contreras estaría siendo amenazado de muerte, mediante la red social Twitter, luego de que fuera acusado por el senador Gustavo Petro de querer inhabilitarlo políticamente.

“El Consejo Nacional Electoral rechaza categóricamente las amenazas en contra del magistrado @Recortt (Renato Contreras), a través de la red social Twitter. Solicitamos a la @FiscaliaCol una pronta investigación para dar con los responsables”, zanjó el CNE en un trino.

De acuerdo con la denuncia del CNE, Contreras habría sido víctima de múltiples mensajes amenazantes en los que lo acusan de ser el “títere del matarife”, haciendo referencia al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

El togado Contreras lleva la ponencia sancionatoria de Petro, quien es líder de la Colombia Humana, y el cual podría recibir una multa de 14 millones de pesos por presuntas irregularidades en su campaña presidencial en 2018.

Sobre el tema, el magistrado habló con la emisora BluRadio y aseguró que le han llegado diversas conminaciones con textos como “Se va a morir”, “Títere del matarife”, “mandadero del Centro Democrático”, y otros comentarios que, según Contreras, afectarían su integridad física.

“El día de hoy recibí un mensaje, donde un usuario dice: se va a morir. En principio no le di transcendencia al asunto. Sin embargo, uno no sabe quién puede estar detrás de esos ni qué efectos puede generar ese tipo de situaciones”, expresó Contreras a la frecuencia radial.

Entre tanto, el demandante de Petro aseguró que ya alertó a las autoridades sobre las amenazas de muerte en su contra. Además, en BluRadio, contreras aseguró que este proceso de Petro estaría relacionado con aportes, aparentemente irregulares, de funcionarios públicos a la campaña del político progresista.

“La formulación de cargos se notificó a los investigados. Estos respondieron, presentaron descargos, luego alegatos de conclusión y al inicio de esta semana presenté una ponencia definitiva sobre el tema”, expresó el magistrado Contreras, mientras reiteró que el CNE no inhabilitará a Gustavo Petro debido a que “el Consejo Nacional Electoral no tiene ese tipo de competencias. En ninguna parte de la Constitución o la ley dice que el CNE pueda inhabilitar a ningún candidato”, puntualizó.

El magistrado Renato Contreras le dijo a Infobae Colombia: “Se radicó una ponencia en relación con el tema, no dice lo que señala el trino, pero no puedo dar más detalles”.

En ese sentido, habría una decisión del magistrado que decidió abrir la investigación al senador Gustavo Petro, que tendrá que ser revisada por los miembros del CNE en sala, la próxima semana.

De acuerdo con W Radio, que conoció el texto, la ponencia propone una sanción de 14 millones de pesos en contra de Petro por los dineros recibidos y sanciona también a la gerente de la campaña Blanca Inés Durán y Dylan Fabián Fragua. La decisión podría tener implicaciones penales, señaló el periodista Lucas Pombo.

El CNE formuló cargos en contra de Gustavo Petro en julio de 2020, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2018, debido a que habría recibido dineros de funcionarios públicos, quienes están inhabilitados para aportar a esos procesos electorales.

La indagación se inició por una denuncia que señalaba a una empresa venezolana de haber aportado dineros a la campaña. Las autoridades electorales no encontraron evidencia de ese hecho, pero en medio de la investigación hallaron que tres funcionarios públicos aportaron dineros a la campaña de Petro.

Se trata de tres profesores que aportaron, al parecer, poco más de 300 mil pesos a la campaña. Bertha Isabel Bravo Reyes quien era docente en Cartagena; Sandra Mónica Salazar que se desempeñaba como profesional universitario de la Contraloría General de la Nación y Gonzalo Pérez Buitrago, funcionario de la Universidad Pedagógica Nacional.

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