
El paro judicial y las limitaciones presupuestales de la Rama Judicial están aumentando la preocupación por el represamiento de procesos relacionados con el conflicto armado y la atención a las víctimas. Uno de los casos más críticos está en Medellín, donde más de 1.200 cuerpos permanecen en laboratorios sin poder ser entregados a sus familias por dificultades en los cruces de información entre distintas entidades.
Según información publicada por Blu Radio, organizaciones de trabajadores de la justicia advierten que la Rama Judicial necesita 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó establecido en 11,5 billones. La diferencia representa una brecha del 34 %, que, según los trabajadores, limita la posibilidad de descongestionar despachos y crear nuevos juzgados.
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Carlos Gutiérrez, presidente en Antioquia del Sindicato de Trabajadores de la Justicia, UNITRAJ, e investigador de graves violaciones de derechos humanos de la Fiscalía, explicó que uno de los principales obstáculos está relacionado con el acceso a información de la Unidad para las Víctimas.
De acuerdo con su versión, aunque esa entidad cuenta con registros de más de 10 millones de personas afectadas por hechos victimizantes, en algunos casos se niega a entregar directamente información a fiscales e investigadores bajo el argumento de reserva legal.

Cruces de información pueden tardar meses
Gutiérrez sostuvo que esta situación obliga a solicitar permisos judiciales para acceder a información necesaria y que una audiencia de control de garantías puede tardar hasta tres meses en ser programada.
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El investigador afirmó que esa demora repercute directamente en procesos de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas.
En Medellín, puso como ejemplo los más de 1.200 cuerpos que permanecen en laboratorios y que presentan dificultades para ser entregados a sus familias por inconsistencias entre bases de datos de Medicina Legal y la Unidad para las Víctimas.
Según explicó, cuando se encuentran cuerpos se realizan procesos de lavado, extracción de ADN y cruces científicos con los registros disponibles. Sin embargo, si no existe información suficiente para cotejar los restos con posibles familiares, los cuerpos permanecen en laboratorio mientras las autoridades intentan ubicar víctimas y conseguir muestras de ADN.
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Gutiérrez señaló que las diferencias entre los registros institucionales son especialmente visibles en Antioquia. Frente a 1.669.879 registros de desplazamiento forzado, la Fiscalía tendría cerca de 3.290 expedientes.
En desaparición forzada, la diferencia sería todavía mayor: frente a 49.633 registros, las autoridades judiciales manejaría 5.053 expedientes, lo que representa una brecha de 44.580 casos.

Falta de articulación afecta búsqueda de desaparecidos
El investigador explicó que muchas víctimas realizan su declaración ante la Unidad para las Víctimas, pero esa información no necesariamente llega de manera paralela a la Fiscalía.
Esa diferencia entre bases de datos complica el trabajo de quienes investigan desapariciones forzadas y buscan identificar cuerpos encontrados durante exhumaciones y otras labores judiciales.
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A su juicio, esa falta de articulación impide que los cruces de información funcionen con la rapidez necesaria y retrasa la posibilidad de entregar restos a las familias.
El investigador sostuvo que, sin datos suficientes, los equipos forenses pueden avanzar en la recuperación de cuerpos, pero no necesariamente en su identificación.
Para UNITRAJ, este problema se suma al represamiento general de procesos y a las limitaciones presupuestales que enfrenta la Rama Judicial.
La organización considera que sin mayores recursos y sin una mejor coordinación entre las entidades que manejan información sobre víctimas del conflicto, continuarán los retrasos en investigaciones y procesos de identificación.
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El impacto más grave, según el sindicato, recae sobre las familias que siguen esperando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.
La preocupación expresada durante el paro judicial no se limita entonces a la congestión de despachos. También incluye la capacidad institucional para investigar hechos del conflicto armado, acceder a información reservada, identificar cuerpos y entregar respuestas efectivas a las víctimas.
UNITRAJ insiste en que una mayor articulación entre entidades podría acelerar los cruces de ADN y de registros, reducir tiempos de espera y facilitar que más familias conozcan qué ocurrió con sus seres queridos y puedan recibir sus cuerpos.
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