La JEP investiga posibles presiones a uniformados en casos de falsos positivos

Los abogados de los militares aseguraron ante el alto tribunal que dichas presiones nunca existieron.

25/10/2020 Un soldado junto a un helicóptero en Colombia
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
EJÉRCITO DE COLOMBIA
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Desde principios de este año la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, viene investigando las denuncias de presuntas presiones que están recayendo sobre los militares que, de manera voluntaria, han testificado sobre los falsos positivos, para que cambien su testimonio u omitan hechos en las versiones ante esta entidad investigativa.

En febrero el periódico El Espectador reveló que esta sala de la JEP dio la orden de realizar una serie de acciones para así determinar quién o quiénes están detrás de las supuestas presiones que, asimismo, fueron informadas a la Fiscalía y Procuraduría para que estas dos entidades las investiguen.

Además, este mismo diario contactó una fuente de del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, Fondetec, organización que fue acusada por uno de los militares testigos por “instruir a los militares a la hora rendir testimonio en la justicia transicional”.

Frente a esto, dos abogados de Fondetec, Juan Martín Parada y Jaime Augusto Castillo, hablaron ante la JEP y le aseguraron a esta jurisdicción que ningún miembro del Fondo han sido mencionados puntualmente por los uniformados como autores de las supuestas presiones y que dichos señalamientos, no son claros en fechas, personas ni lugares, entre otras circunstancias.

La JEP prendió sus alarmas en este caso ya que uno de los soldados que ha querido testificar contó que: “reconoció presuntas irregularidades de orden penal y/o disciplinario en la realización de la ‘Jornada de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición a comparecientes de la JEP’, que tuvo lugar los días 1° y 2 de noviembre de 2018 por parte de la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional (DICER) en la ciudad de Bogotá”.

Y también por la versión que dio otro militar en el que explicó que: “La Navidad pasada fue el doctor Vargas (...), de Fondetec, sobre que él se opone a los TOAR (Trabajos, Obras o Actividades con contenido Reparador-Restaurador) de la JEP, que él no entiende por qué un militar tiene que reparar (...) Yo tengo un audio donde nos dice que la JEP es bailar con la más horriblísima (sic), habla mal del magistrado Pedro Elías, dice que hay que saber contar la verdad... A principios de marzo de 2020 fue la reunión con el coronel Martín Daza, Edilberto, aún es director de los centros de reclusión, donde le dicen que reparación es plantar árboles”.

Sobre este último se sabe que recibió órdenes en ese sentido, pero en el Centro de Reclusión de Facatativá en octubre del año pasado. Y esto lo informó a la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad.

Por último, los abogados del Fondo reiteraron que no ha habido ningún tipo de presión para que los soldados cambien las versiones. Y además, señalaron que las denuncias debieron ser verificadas y contrastadas para “evitar que se vulnere el buen nombre, la honra, intimidad, debido proceso y defensa”.

Los abogados añadieron que las investigaciones que viene realizando la Jurisdicción Especial para la Paz ha vulnerado el derecho a la intimidad del Fondo, “ya que hoy mediante la violación de la reserva (...) hoy se nos reconoce como contratistas de Fondetec, y con el hecho de ustedes no determinar los hechos, conductas y los presuntos autores o partícipes, se nos ha puesto en la picota pública, como delincuentes”.

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