Comandante del Ejército presentó denuncia ante la Fiscalía en contra de los indígenas que retuvieron a soldados en Chocó

“Entregamos al señor Fiscal General de la Nación, la denuncia formal en contra de los indígenas que secuestraron a 9 de nuestros soldados, en el departamento del Chocó”, informó este jueves el comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, general Juvenal Díaz Mateus.

Los militares fueron retenidos el pasado 8 de marzo por un grupo de indígenas de la comunidad Consuelo Bajo en la vía Quibdó – Medellín. Horas después, con ayuda de la mediación de la Defensoría del Pueblo, los indígenas dejaron ir al grupo de soldados.

Con la denuncia hecha por el alto oficial se busca que los indígenas involucrados en esa situación respondan por los delitos de secuestro, violencia contra servidores públicos, tortura y asonada.

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Uno de los más críticos de la acción que ejecutaron desde la comunidad indígena, fue el consejero presidencia, Rafael Guarín, que a través de su cuenta de Twitter señaló: “Indígenas secuestradores de soldados son parte de red de valor de narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen. Urge reforma constitucional”.

Así mismo, el funcionario criticó la información que compartió la Defensoría del Pueblo, que describió como “custodia” el hecho de que los indígenas hayan retenido a los uniformados. “Perdón! “En custodia”? Cuál “custodia”? Con qué facultad legal? Muy grave ese lenguaje, pues termina por legitimar un delito de secuestro cometido contra soldados de Colombia”.

Pues en conversación con El Tiempo, el consejero de Seguridad, insistió en que lo que pasó allí fue un secuestro y los responsables deben ser juzgados y condenados.

En su explicación de por qué la comunidad actúa de esa forma contra el Ejército Nacional, aseguró: “Porque las personas dedicadas a los cultivos ilícitos son parte activa y fundamental de la red de valor del narcotráfico y esa actividad las liga directamente a quienes compran la pasta de coca o el clorhidrato de cocaína, al igual que a los grupos armados organizados que delinquen en esas áreas”.

En la entrevista con El Tiempo, Guarín afirmó que apoyaría una reforma constitucional contra los derechos que recibieron los pueblos indígena en Colombia con la Constitución de 1991. “La inmensa mayoría de las comunidades indígenas ejercen las prerrogativas que la Constitución les reconoce, conforme al espíritu garantista que las inspiró en la Asamblea de 1991. Pero hay otros casos, muy alarmantes, donde instituciones consagradas para garantizar los derechos se han convertido en incentivos para la criminalidad”, expuso.

Y agregó que, frente a la consulta previa como requisito para poder erradicar manualmente los cultivos de coca, “convirtió a ciertos resguardos en santuarios del narcotráfico”.

El consejero de Iván Duque puntualizó que, “los secuestradores de soldados deben ser objeto de la justicia ordinaria y aplicárseles las penas del código penal. Lamentablemente, se usa la jurisdicción indígena como especie de salvaguarda para delitos como ese”.

Por su parte, miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y los voceros de la guardia indígena denunciaron: “Estamos indignados porque el Ejército Nacional, que debe cuidar a la gente, está entrando a los territorios a violentar, a disparar, a asesinar”.

A su vez se mostraron inconformes por las declaraciones de Guarín y afirmaron que los nueve miembros de las fuerzas armadas colombianas, “habían incursionado y herido a un miembro de la comunidad”, por lo que la Guardia Indígena custodió al personal capturado y los albergó en la casa comunitaria, “respetando los principios básicos de los derechos humanos”.

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