El testimonio de casi 500 menores de edad será pieza clave para el proceso contra el ELN por reclutamiento forzado

El ICBF le entregó a la Fiscalía una serie de documentos en los que se narra el reclutamiento forzado de menores de edad a manos de esta guerrilla.

Imagen de referencia del reclutamiento forzado en menores de edad. - Colprensa.
Imagen de referencia del reclutamiento forzado en menores de edad. - Colprensa.

El ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le entregó unos informes a la Fiscalía General de la Nación en los que se encuentran dos denuncias de menores de edad los cuales fueron reclutados de manera forzada por parte del ELN y otras guerrillas.

Las denuncias fueron dadas por parte de niños y niñas que se desmovilizaron en 2016 con el Acuerdo de Paz. Por parte de la Fiscalía esta entidad pide que los máximos jefes de los grupos armados respondan por los delitos de reclutamiento, lesiones personales, tortura y violencia sexual.

Ayer, 22 de febrero, la directora del Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se reunió con la vicefisal Martha Mancera para entregarle el documento. Arbeláez se encontraba en compañía de las consejeras presidenciales para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y para la niñez, Carolina Salgado.

El objetivo de este documento es que se reestablezca el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021, según comentó la Fiscalía en un comunicado.

La entidad encargada comentó que la entrega de un segundo informe “le ayudará a la Fiscalía a esclarecer el proceso frente a los más de 1.288 casos denunciados que tiene por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN, de 1999 a la fecha”.

Por otro lado, se espera que se realice un tercer documento pero que este sea entregado a la JEP, institución que, según el ICBF, tiene “material probatorio que servirá para nutrir los expedientes del llamado Caso 007 sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abierto el 1º de marzo de 2019 por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP”.

Los menores de edad que fueron reclutados ya fueron atendidos por el programa especializado que tiene Bienestar Familiar para manejar estos temas. En este programa fue donde se supo cómo actuaban los cabecillas de esta guerrilla y por esta razón estos relatos se conviertieron en una de las piezas claves para los procesos contra los jefes máximos del ELN.

Según la vicefiscal y dicho informe “se generará una nueva ruta para analizar los contextos donde ocurrieron los hechos, poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta actividad atroz que es el reclutamiento, y poder continuar atribuyéndoles a los comandantes y al Coce los hechos victimizantes de los menores de edad”.

Ahora lo que se viene es, primero, escuchar a todas las víctimas, quienes a la vez son testigos de excepción de este delito; segundo, relacionar los casos a “macro-investigaciones” enfocadas en la persecución de los máximos responsables; y por último, priorizar y asignar los casos, especialmente a los fiscales de Daiaco, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.

Según Mancera, Daiaco cuenta con fiscales encargados específicamente a este tema, es por esto que “ya existen resultados contundentes como la judicialización, en calidad de persona ausente, de alias Pablito, alias Gabino, alias Antonio García y alias Pablo Beltrán, miembros del Comando Central (Coce) del Eln, por 258 hechos de reclutamiento que han cometido los diferentes frentes de ese grupo armado en el territorio colombiano, así como de otros 11 comandantes de frente”.

Hasta el momento se sabe que, en cifras, a las disidencias de las FARC se les han atribuido 100 casos de reclutamiento desde 2016 y otros 316 hechos han sido vinculados con personas de la extinta guerrilla de las FARC y que terminaron rearmándose después del proceso de paz y como consecuencia fueron excluidos de la JEP.

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