Procuraduría hace llamado para que se garantice la indemnización de las víctimas del conflicto armado en un tiempo razonable

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado, este viernes 19 de febrero, a tres entidades del Estado para que adopten estrategias mediante las cuales se garantice una indemnización y reparación integral de las víctimas del conflicto armado “en un tiempo razonable”.

El órgano de control hizo esta solicitud al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (Uariv) argumentando que, de continuar con las dinámicas de pagos realizadas durante 2020 se requerirían 62 años para indemnizar a más de nueve millones de víctimas en el país.

De igual forma, les sugirió a las entidades incluir las disposiciones necesarias para realizar la reparación económicas de las víctimas en el Documento Compes que se está elaborando, considerando que durante el año pasado la Uariv presentó una estimación de $49.5 billones de pesos para las indemnizaciones, “asignación presupuestal que no es la prevista para los próximos 10 años”.

A su vez, el Ministerio Público señaló que, a través de una vigilancia preventiva del periodo comprendido entre junio de 2011 y julio de 2020 se verificó que solo el 10,5% de todas las víctimas recibieron el pago correspondiente a la indemnización, lo que representa $6.3 billones de pesos, por este motivo, solicitó a las entidades mantener actualizada la apropiación presupuestal.

La Procuraduría General indicó en el informe que, es preocupante que en la propuesta del Documento Conpes publicado por el Gobierno nacional, no se incluyen medidas o cambios para acelerar el pago de las indemnizaciones y reparación integral de las víctimas.

Por último, el órgano de control sugirió a la Uariv realizar las modificaciones técnicas correspondientes que contribuyan a identificar el número de víctimas que cuentan con este derecho y realice acciones eficaces que disminuyan los trámites y el pago para su reparación.

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“Pues persisten deficiencias y demoras en la respuesta institucional, lo cual evidencia una falta de capacidad de la Uariv, además de un posible desconocimiento de la hoja de ruta a seguir por parte de la población víctima”, concluyó la Procuraduría.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) dio a conocer, el pasado 13 de febrero, que durante 2020 más de 32.000 personas fueron desplazadas de sus territorios en Colombia, y además señaló, que desde la firma de los acuerdos de paz, alrededor de 150.000 personas han sido expulsadas de sus regiones.

“El 2021 es el comienzo más violento desde la firma del acuerdo. Solo en el mes de enero hubo ocho casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Ya en febrero vimos que aumentaron estos casos con los de Buenaventura”, señaló a la FM Radio, el director de Codhes, Marco Romero.

Según explicó Romero al medio, las cifras del Codhes revelaron que las zonas más afectadas por ese flagelo en Colombia son: Nariño con 33.641 desplazamientos, seguido por Antioquia con 29.174, Chocó con 27.894, Norte de Santander con 27.169, Córdoba con 8.083 y Cauca con 8.009 desplazamientos.

En el caso de Buenaventura, el recrudecimiento de la violencia a causa de las disputas por el control del territorio entre las bandas criminales ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos’, ha generado que más de 400 personas tuvieran que abandonar el Distrito Portuario por el riesgo que corrían sus vidas por estos actos de violencia, así lo alertó la Defensoría del Pueblo.

La misma entidad, también señaló que solo en los 29 primeros días del 2021, en esa zona del país ya se habían registrado 22 homicidios, además de 13 personas desaparecidas, por lo que la Defensoría advirtió que en el momento en el Distrito Portuario hay 170 mil personas en riesgo a causa del recrudecimiento de la violencia.

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