Defensoría del Pueblo alerta posible reclutamiento de grupos armados a indígenas de resguardo en Risaralda

De acuerdo con las autoridades departamentales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el grupo armado que se encuentra en la zona de la comunidad Gitó Dokabú.

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De acuerdo con las autoridades departamentales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el grupo armado que se encuentra en la zona.
De acuerdo con las autoridades departamentales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el grupo armado que se encuentra en la zona.

La Gobernación de Risaralda dio a conocer que hombres armados han intentado ingresar a la comunidad indígena del resguardo Gitó Dokabú, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, al occidente del departamento, con el fin de reclutar personas para que hagan parte de las filas de sus grupos armados, así lo informó la FM Radio.

Según detalló a la emisora el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, las autoridades locales lograron confirmar las denuncias hechas por la comunidad indígena a través de una delegación de la Defensoría del Pueblo y organismos de seguridad que permanecieron en la zona durante algunos días.

Quedó confirmado que estas comunidades sí tuvieron presencia de algunas personas que todavía no están identificadas. Lo que buscan estas organizaciones al margen de la ley es reclutar algunas personas que son de estos territorios para que se les facilite más el desplazamiento, porque ellos conocen la zona”, aseguró al mismo medio el secretario de Gobierno de Risaralda.

Londoño, además explicó a la FM Radio que en el momento las autoridades continúan indagando en la zona con el fin de establecer si los grupos armados que se encuentran en el territorio indígena son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), o grupos de delincuencia común. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Risaralda, la hipótesis de que se trate del ELN, recae en que hay antecedentes, de que en esa zona que limita al departamento con el Chocó se ha registrado la presencia de ese grupo al margen de la ley.

“No podemos negar que el ELN en el Chocó reclutó menores de edad afrodescendientes y de las comunidades indígenas, indicó Londoño al medio.

Por el momento, el secretario de Gobierno de Risaralda le señaló a la emisora que frente a esta nueva alerta de amenaza para las comunidades indígenas de Pueblo Rico, las autoridades departamentales se encuentran reforzando la seguridad de en la zona con el fin de evitar que los grupos armados recluten o agredan de cualquier manera a las personas que viven en los resguardos.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que las comunidades indígenas alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona.

El pasado 10 de febrero, las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) denunciaron que 325 personas, integrantes de 120 familias del resguardo indígena, debieron confinarse en sus hogares debido al asedio del que estaban siendo víctimas por parte de un grupo armado y el Ejército Nacional.

El 3 de febrero llegan desconocidos vestidos con camuflados y armas cortas y se refugian en una de las casas deshabitadas de la vereda Kuna Gitó del Resguardo Gitó Dokabú. Al parecer, estos hombres pertenecerían al ELN”, reveló a RCN Radio, el comisionado de los Derechos Humanos de AICO, Jhon Jairo Tapie.

De acuerdo con lo dialogado por el vocero indígena con el medio, al día siguiente la fuerza pública se presentó en el lugar, y sin mediar palabra y con acciones violentas ingresaron a la fuerza a la vivienda de un docente indígena en busca de dichos actores armados.

En ese sentido, el comisionado de la AICO indicó al medio que según las versiones entregadas por las familias de la comunidad, aseguraron que en ningún momento albergaron u ocultaron a cualquier miembro de esos grupos al margen de la ley, porque lo que señaló que la entrada a la fuerza del Ejército fue una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas.

Al respecto, las autoridades indígenas solicitaron la intervención de una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, para que garanticen la seguridad de las familias indígenas que habitan en el resguardo.

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