Por hechos de corrupción en la pandemia, Fiscalía acusó formalmente al gobernador de Putumayo

Por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contratación sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, el jueves fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación, y ante un magistrado de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Putumayo Buanerges Florencio Rosero.

Al funcionario se le procesa por las irregularidades en la compra de 10 ambulancias para Putumayo durante la pandemia, en la que habría un detrimento para las finanzas del departamento de 1.060 millones de pesos.

Según explicaron en el organismo acusador, hubo una serie de presuntas irregularidades en las fases precontractual, de ejecución y liquidación del contrato 547 del 1° de abril de 2020, con el que se compraron los vehículos medicalizados al amparo del decreto de calamidad pública para atender la emergencia de la pandemia del nuevo coronavirus sars-cov-2 en el país.

En la Fiscalía indicaron que el valor inicial de ese contrato era de 3.460 millones de pesos, pero luego de unas advertencias de la Contraloría General de la Nación, lo redujeron a 2.876 millones con un plazo de ejecución de un mes y un anticipo del 50 por ciento.

Pero en su investigación judicial, en la Fiscalía encontraron irregularidades como que el gobernador Rosero había decretado la Emergencia Económica Social y Ecológica cuatro días antes de que lo hiciera el mismo Gobierno nacional y bajo ese acto administrativo realizaron la contratación para la compra de las ambulancias.

Por esa razón, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva este caso, acusó formalmente al gobernador por esa presunta inconsistencia, y porque además se habría direccionado dicho contrato para que quedara en manos de un único proponente: Carrocería Innovas SAS.

“Tuvo conocimiento y participación en esta apropiación no solo por ser el ordenador del gasto y haber delegado la ordenación, sino que adicionalmente se trató de la contratación de menor cuantía en ese momento, en época de pandemia y bajo la declaratoria de estado de calamidad pública conforme a un decreto que el mismo suscribió”, argumentó la fiscal en la audiencia de acusación.

La funcionaria además reiteró en la diligencia judicial que se tienen indicios del sobrecosto por 1.060 millones de pesos en el valor de los automotores medicalizados y que el anticipo de este proceso contractual se consignó en una cuenta corriente del contratista, que sería una actuación contraria a las normas de contratación pública.

“Esta contratación de compraventa de las ambulancias medicalizadas implicó la movilización de recursos de presupuesto departamental desde diferentes rubros para acumular los dineros para pagar este contrato, de lo cual obra evidencia que corrobora que el gobernador conocía del costo o precio, como de las modificaciones y demoras presentadas en el contrato del cual nunca fue ajeno”, agregó la representante del ente acusador.

El gobernador Rosero se encuentra cobijado por medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia desde noviembre del año pasado, cuando se realizaron las respectivas diligencias de control de garantías.

En su reemplazo el presidente Iván Duque designó a Sandra Patricia Dimas, quien se venía desempeñando como la secretaria de Gobierno en ese departamento.

Por las irregularidades en la compra de las ambulancias, la Procuraduría General de la Nación también le había abierto una investigación disciplinaria al gobernador Rosero e incluso le solicitó que suspendiera dicho proceso contractual argumentando: “Inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”.

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