Un falso mayor retirado del Ejército creó una red que estafó cerca de 1.000 millones de pesos en Tunja

Juan Carlos Rodríguez Arias, falso mayor retirado del Ejército Nacional, junto con quien sería su esposa, Yulieth Astrid Triviño Bermúdez, estafaron a proveedores, arrendadores, y trabajadores de su grupo empresarial bajo la ilusión de oportunidades laborales en pandemia.

La revista Semana reveló el entramado criminal del supuesto empresario y dio con las víctimas del multimillonario robo que cometió en Tunja, capital de Boyacá. Según Ana María Buitrago, una de las empleadas y víctima del hombre, en mayo de 2020 comenzaron el reclutamiento del personal de las dos empresas que constituían el Grupo El Britt, conglomerado empresarial de Rodríguez Arias. Dicho grupo separaba en dos empresas: Transportes El Britt e Importadora y Comercializadora El Britt.

Buitrago habría sido contratada como psicóloga para realizar labores en el área de talento humano de la empresa. Según su testimonio, recogido por el medio semanal, el hombre estaba resguardado por un esquema de seguridad y disponía de varios vehículos, lo cual les dio confianza en el supuesto empresario, quien se presentaba como mayor retirado del Ejército.

“La gente tenía la ilusión de trabajar, de tener una nueva oportunidad; estábamos en plena pandemia y las oportunidades laborales eran escasas”, relató Buitrago a Semana, quien detalló que la fuerza laboral aumentaba rápidamente, pasando de 50 trabajadores a 100. Por esto, los trabajadores concluyeron que la empresa contaba con buenos cimientos económicos.

La empresa, en el momento, se centraba en la importación de insumos biomédicos en torno a la situación de la pandemia. Al principio, de acuerdo con la trabajadora, se les daban insumos y dotación para poder protegerse del coronavirus. Incluso, se les dijo a los trabajadores que se encontraban afiliados a un seguro de vida y se les obsequiaba el almuerzo diariamente.

A pesar de no pagar la nómina de los trabajadores, el falso oficial retirado seguía vinculando personas a la empresa y no se conocía el fin de la misma. Poco después de la vinculación de Buitrago, Maritza Velásquez, directora de su área de trabajo, le ofreció un negocio que constituiría la estafa mayor de Rodríguez Arias y su supuesta esposa.

Según dicha funcionaria, el líder de la compañía habría emprendido un supuesto contrato con Ecopetrol, el cual requería de la empresa 1.000 Toyota Hilux para transportar a los trabajadores de dicha empresa en todo el país. Según Velásquez, 200 de las camionetas provenían de Brasil y, unas cuantas, iban a ser vendidas a sus trabajadores. Por medio de una cuota inicial entre los 15 y 20 millones de pesos, se les vinculaba al contrato, con el cual devengarían 4 millones de pesos mensuales. De ese dinero, se extraería para el pago de los vehículos y les quedaría la mitad de dicha ganancia.

Ante la desconfianza de Buitrago, Velásquez argumentó que la oferta de Rodríguez tenía un fin noble. “Él decía que vendía la mitad de las camionetas para que la gente de su empresa creciera y tuviera muchas oportunidades, con ese fin lo hacía”, expresó Buitrago al medio.

La psicóloga confió en la propuesta y, finalmente, invirtió. “Con mi esposo decidimos invertir en la compra de dos camionetas: la primera con una cuota inicial de 15 millones de pesos, para la cual hicimos una transferencia bancaria a nombre de la empresa El Britt, a una cuenta de Bancolombia. La segunda fue una cuota inicial de 10 millones de pesos, los cuales se los entregamos en efectivo en la oficina del supuesto mayor”, indicó.

Pasaron meses y decenas de trabajadores reclamaban por sus vehículos, lo cual le mostraba a la mujer que hubo más de un interesado en la inversión. Según el falso oficial, se trataba de una demora en el ensamblaje por la pandemia. Además, después de 4 meses, nadie habría recibido dinero y se instauró una demanda colectiva ante la Secretaría de Trabajo de Boyacá.

Semana, con la información de Buitrago, concluyó que fueron 30 personas las que invirtieron en los vehículos y el dinero recaudado por Rodríguez bajo esa fachada ascendía los 449 millones de pesos.

Finalmente, Rodríguez desaparece a Bogotá y le queda debiendo a 100 funcionarios de la empresa y nunca depositó pagos por arriendo de oficinas o vivienda. Incluso, el esquema de seguridad que ostentaba nunca fue remunerado. “(...) Le quedó debiendo a la señora que nos daba los almuerzos, le quedó debiendo a una ferretería que le entregaba todos los insumos para construcción, les quedó debiendo a pequeñas tiendas de donde sacaban el café para darnos los tintos, les quedó debiendo a todos los arrendatarios de las camionetas que usaba para transportarse, le quedó debiendo a mucha gente a la cual le sacaba dinero prestado. Le quedó debiendo a la mitad de Tunja”.

En el proceso legal emprendido por los trabajadores, se determinó que el hombre no era un retirado del Ejército y que sus empresas no se habían registrado en Cámara de Comercio bajo los fines que había asegurado su dueño. Además, se determinó que el total de la estafa supera los 1.000 millones de pesos y que el hombre cuenta con procesos en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá por el mismo delito.

El medio indicó que no se pudo dar con el paradero del hombre y su esposa y, que en el momento, no ha sido detenido por dichos delitos.

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