A inicio del año se anunciaron varios comités en el país que comenzarían con procesos de revocatoria por la insatisfacción de una parte de la ciudadanía con sus gobernantes locales. En gran parte de los procesos las críticas están relacionadas con el manejo que se le ha dado a la emergencia sanitaria producida por el covid, la insatisfacción ciudadana y presuntos incumplimientos en los programas de gobierno.

El viernes 22 de enero fue la primera audiencia pública para escuchar a los promotores de la revocatoria del alcalde de Aguachica, Cesar, Robinson Mansalva. Para hoy 25 de enero están programadas las audiencias en las que se definirá el futuro de las revocatorias de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

En estas audiencias, que serán viruales, hablarán los comités promotores de las destitución de los mandatarios y, posteriormente, los gobernantes tendrán un espacio para hablar y defender su gestión.

Al día de hoy, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional han recibido 28 solicitudes de revocatoria. El proceso de audiencia pública, en el que también participa la Procuraduría General de la Nación, es un mecanismo relativamente joven que ordenó la Corte Constitucional en el 2018 con el fin de que la Registraduría General del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral definan si hay mérito para que se continúe el proceso.

Posteriormente se llevará a cabo un proceso de consulta popular en el cual debe participar un número de ciudadanos equivalente al 55% de los votos válidos durante la elección de los mandatarios locales, los cuaes tomarán la decisión por mayoría simple.

Según la Registraduría “la revocatoria del mandato será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragios no sea inferior al 40 % de la votación válida registrada en la elección del mandatario”.

La Red Nacional de Veedurías emitió un comunicado en el que advirtieron sobre lo que consideran un derroche de los recursos públicos en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta hoy Colombia.

Según la Red de Veedurías, los procesos de revocatoria le costarían al país unos 150.000 millones de pesos. “Son dineros con los que se pueden comprar cerca de 15 millones de vacunas para salvar vidas en la gente”, advirtió la organización.

La red argumentó que “en departamentos como Antioquia o Cundinamarca se podría inocular a toda la población con los recursos que se van a derrochar en las llamadas revocatorias. Medellín por ejemplo requiere esas millonarias sumas de dinero, para atender a las millones de personas entre las que se encuentran mujeres embarazadas, bebes, niños y niñas en alto riesgo social, adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermas, que necesitan la vacuna contra el COVID-19 (...)”.

Hasta la fecha, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han inscrito 37 comités que buscan la revocatoria de alcaldes locales en los departamentos de Cesar, Valle, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Magdalena, Atlántico, Antioqua, Caquetá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Sucre, Huila y el Distrito Especial de Bogotá.

De otro lado, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que reúne a los mandatarios de las principales ciudades del país, aseguró que la cantidad de revocartorias planteadas es inusual y advirtió que buscar revocatorias cuando los mandatarios solo llevan un año en su gestión es transgresión a este mecanismo de participación ciudadana, pues es un período muy corto paa exigirles a los gobernantes locales el cumplimiento de su plan de desarrollo.

Hasta ahora, por medio de este procedimiento, solo se ha logrados apartar de su cargo a un mandatario local; el acalde de Tasco, Boyacá, Nelson Javier García Castellanos, quien había sido elegido para el periodo 2016-2019 y fue destituido en 2018.

Para comenzar el proceso contra en mandato de la alcaldesa de Bogotá y cumplir lo estipulado por la ley los revocantes reunieron alrededor de 323.124 firmas, que equivalen al 30% de la votación con la que fue elegida la mandataria.

Una de las líderes que le apuesta a esta iniciativa es Nivia Esperanza Márquez representante del movimiento “Recuperemos nuestra Santafé son vías de hecho, por el camino de la institucionalidad”. Otro de los revocantes es Fernando Orjuela, líder del movimiento cívico quien sostiene que la iniciativa surge por el incumplimiento del programa de Gobierno que inicialmente él apoyo. A estos dos se les suma José Miguel Santamaría que dirige el grupo que se denomina #RevocatoriaClaudiaLópez.

En cuanto, a esta iniciativa el Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez se refirió en un trino a Santamaría como “Trompista Criollo furibundo”.

Por otra parte el movimiento contra Daniel Quintero, comenzó el 4 de enero con la inscripción de los promotores. Uno de ellos lleva por nombre “Medellín cuenta conmigo”, quienes radicaron 28 folios ante la Registraduría, además, gran parte del sector empresarial de la ciudad apoya la iniciativa.

Una de las grandes críticas que se le hace al mandatario está relacionada con un sesgo “petrista” como lo acusan sus oponentes y que muestra contradicción en sus posturas.

Ante el proceso se han presentado fuertes divisiones, incluso, el director de Fenalco, Carlos Andrés Pineda, habló a favor de Quintero lo que produjo su renuncia a la organización.

Las próximas audiencias para comenzar procesos de recocatoria serán las del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, el jueves 28 de enero, y la del alcalde de San Fernando (Bolívar), el lunes primero de febrero.

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