Denuncian que el alcalde de El Copey, Cesar, infringe las órdenes de la JEP respecto a la protección de los restos de víctimas de desaparición forzada

La Comisión Colombiana de Juristas hizo un llamado respecto a las intervenciones en el cementerio alterno que ordenó la alcaldía para albergar a víctimas fatales de la covid-19.

Cementerio El Copey.
Cortesía: El Pilón de Valledupar.
Cementerio El Copey. Cortesía: El Pilón de Valledupar.

La Comisión Colombiana de Juristas denunció que en el cementerio alterno del municipio de El Copey, en el departamento del Cesar, continúan las intervenciones en el terreno donde reposan los restos de aproximadamente 100 víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como combatientes dados de baja en combate. La organización también le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decretar el desacato de la orden emitida el año pasado.

El año pasado se realizó la intervención del cementerio alterno por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Así, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la alcaldía detener de manera inmediata “la manipulación, traslado, inhumación y exhumación de las estructuras óseas que reposan allí, después de verificar la excavación de fosas que había ordenado el alcalde”, Francisco Manuel Meza Altamar, para dar sepultura a las víctimas fatales de la covid-19.

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La organización realizó la denuncia en julio de 2020, lo que permitió que se ordenara la conservación y protección de los cuerpos en un término de 15 días hábiles. Además de estas medidas, el 25 de agosto de 2020, el alcalde Meza aseguró que adoptaría compromisos para dar respuesta a las órdenes judiciales de la JEP. Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas le pidió a la alcaldía compartir información sobre las acciones que se adelantaron para dar cumplimiento a lo pactado y el estado del predio.

“El alcalde de El Copey, además de desobedecer las órdenes de la JEP por vías de hecho, manifestó públicamente en una entrevista radial que desde su punto de vista, esta jurisdicción, al ordenar que no se hicieran las adecuaciones en el cementerio, debía hacerse cargo de su manejo”. Igualmente, el alcalde aseguró que la autoridad municipal contaba con el presupuesto para proteger el predio solo hasta el 31 de octubre de 2020, debido a la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

Según la organización, debido a que la alcaldía ganó las elecciones gracias a propuestas como la construcción del cementerio, busca intervenir el predio alterno. Además, los pobladores han confirmado que se realizan trabajos diariamente e ingresan material de construcción. Sin embargo, ya que el terreno está cercado con lona, no es posible verificar qué acciones se están llevando a cabo.

Estas razones llevaron a la Comisión a solicitar a la JEP “decretar desacato por parte de la alcaldía de las medidas cautelares ordenadas sobre el cementerio alterno El Copey, dado que existe evidencia que pone de manifiesto el actuar doloso de las instituciones públicas del municipio”. Este actuar pone en riesgo los restos de las víctimas que allí reposan y vulnera los derechos de los familiares que esperan la entrega de los cuerpos.

También solicitan a la Jurisdicción imponer una sanción por desacato al representante legal de la alcaldía y que brinde información sobre las medidas implementadas por la autoridad municipal, la Gobernación del Cesar y la Policía Nacional para conservar el predio y proteger los cuerpos de las víctimas, ya que están siendo intervenidos “sin un protocolo técnico y por personas no idóneas para el manejo adecuado de los restos de Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez”, que reposan desde el 16 de enero de 2008, fecha en la que desaparecieron a manos de miembros del Batallón de Artillería N°.2 La Popa.

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