Presentan ante la OCDE tres denuncias contra las empresas dueñas de la mina El Cerrejón

Este 19 de marzo, El Tiempo reveló que un grupo de onegés nacionales e internacionales denunciaron ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tres casos contra empresas aliadas y algunos accionistas de Cerrejón, en La Guajira.

Cada una de las denuncias detalla lo que aseguran son “múltiples impactos de la mina en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE”.

Las organizaciones publicaron un comunicado donde detallan cada una de las denuncias. La primera fue presentada contra la empresa ESB (Electricity Supply Board), compañía estatal de origen irlandés, que es una de las principales compradoras de carbón del Cerrejón; la siguiente denuncia es contra CMC (Coal Marketing Company) de Cerrejón, que tiene su sede en Dublín; y por último, contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Angloamerican y Glencore.

La organización irlandesa Global Legal Action Network, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y las organizaciones nacionales de derechos humanos Cinep/PPP y Cajar, quienes presentaron las denuncias, dicen que estas multinacionales han venido incumpliendo las múltiples sentencias de tribunales colombianos sobre la protección del medio ambiente del país.

Gearóid Ó Cuinn, director de Global Legal Action Network habló con El Tiempo y aseguró que el objetivo es “cerrar progresivamente la mina Cerrejón, en consulta con todas las partes interesadas; detener inmediatamente las operaciones en el pozo de Patilla; cumplir con todas las sentencias judiciales colombianas; revertir el Arroyo Bruno a su curso original; restaurar el medioambiente en La Guajira a su estado original, en la medida de lo posible; proporcionar remedios apropiados a las comunidades afectadas; y emitir una disculpa formal por sus acciones”.

Y es que en 2019, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial solicitó a Irlanda que dejara de comprar carbón en la mina del Cerrejón y en el 2020 algunos expertos de la ONU en derechos humanos dijeron que se debía detener las operaciones industriales, pues era necesario proteger los derechos y la salud de la comunidad wayuu.

Además, la Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que hay contaminación masiva causada por Cerrejón.

A todo esto respondió Cerrejón por medio de un comunicado de prensa, en el que afirma que las oenegés no se dirigieron a la compañía antes de presentar sus denuncias a los Puntos de Contacto Nacionales (PNC) de la OCDE, y debido a esto responderán en detalle apenas conozcan las inquietudes.

Sostuvieron que hay una gran cantidad de compromisos establecidos con las comunidades para solucionar y abordar los problemas que han surgido. “Dada la cantidad de comunidades y las complejidades sociales de la región, esto implica responder a voces que no siempre están unidas en perspectivas. Nuestros programas de consulta y participación van más allá de los requisitos establecidos en la ley colombiana y son un compromiso de la mina de escuchar y responder a las preocupaciones de la comunidad”, finalizó el texto publicado por la empresa.

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