Defensoría del Pueblo advierte del riesgo de desplazamiento en Tibú, Norte de Santander

Este martes 12 de enero, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió del riesgo de desplazamiento en tres veredas del municipio de Tibú, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, desde el pasado 9 de enero por el control territorial.

La entidad comunicó que desde el sábado pasado una misión humanitaria permanece acompañando a las comunidades de las veredas El Empalme, Totumito-Carboneras y La Silla de Tibú, en continuo estado de temor por la incursión armada de grupos armados que buscan hacerse al control de las economías ilícitas en la zona.

La Defensoría señaló que a los funcionaros que hacen el acompañamiento a los pobladores les ha manifestado la comunidad que existe una presencia constante de los grupos al margen de la ley en este sector, y que en días anteriores se presentaron combates cerca al caserío.

Por tal razón, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, pidió a la Fuerza Pública “garantizar la seguridad en el departamento, junto con el apoyo oportuno e integral a la población para que sus derechos fundamentales sean protegidos”, indicó la entidad.

De la misma forma, exigió a las autoridades locales, departamentales y nacionales a asistir inmediatamente esta “emergencia humanitaria”, que podría desencadenar en un desplazamiento masivo de los habitantes de este municipio de la región del Catatumbo, una de las más afectadas por el conflicto armado.

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Por último, señaló el defensor que los miembros de la entidad seguirán acompañando a los pobladores de manera permanente.

Paramilitares habrían confinado a la población desplazada así como restringido uso de celulares para evitar comunicación con el exterior.

El enfrentamiento entre las las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN por controlar el territorio del Catatumbo, Norte de Santander, deja como saldo el desplazamiento de 12 familias, refugiadas en una escuela de la vereda el Ambato del municipio de Tibú.

El desplazamiento ocurrió durante el fin de semana de Reyes, como consecuencia de la incursión paramilitar y los posteriores combates contra los insurgentes.

El reporte fue entregado por las organizaciones sociales del Catatumbo, que llamaron la atención sobre la injerencia de paramilitares en 10 veredas de Cúcuta y Tibú, por lo que permanecen en alerta máxima ante posibles actos de violencia contra la población civil.

Precisamente, la Fundación Progresar, representante de la ciudadanía, advirtió que el resultado de los enfrentamientos está siendo asumido por las familias de la zona, que deben desplazarse por orden de los paramilitares adscritos a las Autodefensas Gaitanistas.

A esta voz se sumó la autoridad civil, representada por la alcaldesa de Tibú, Corina Durán, quien confirmó que los hechos de violencia están provocando una crisis de dimensiones humanitarias en la zona: “El día de hoy nos enteramos que aproximadamente 12 familias se desplazaron hacia una escuela del Ambato, municipio de Tibú. Estamos haciendo ya las verificaciones y pues vamos a llegar hasta la zona para hacer el censo de todas las familias y cubrir las necesidades. Por esa crisis humanitaria también hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos apoye en esta situación”, señaló la mandataria.

De acuerdo con miembros de la comunidad, perteneciente a la zona rural de Tibú, ambas estructuras armadas estarían prohibiendo el uso de dispositivos electrónicos para impedir que registren la situación de las familias así como establezcan cualquier tipo de comunicación con agentes externos. Además de lo anterior, han ordenado un confinamiento para reforzar dicha prohibición.

Fue la alcaldesa quien reveló esta situación en comunicado oficial: “Las comunidades también informaron que les ha sido imposible la comunicación con las autoridades, porque los grupos ilegales llegan hasta donde ellos están y les quitan los medios de comunicación y es por eso que tuvimos que esperar casi cinco días, porque no teníamos la autorización para entrar a verificar”.

A través de sus representantes, la población desplazada demandó garantías para el retorno a sus territorios y pidió respeto por sus vidas a los irregulares, paramilitares y ELN, que se encuentran en conflicto por el territorio.

Según la Fundación Progresar, en la primera semana de 2021 la cifra total de desplazamientos en el Catatumbo suma: 40 familias, de las que 12 han podido salir del territorio en conflicto para alojarse en la escuela de la vereda Ambato.

Señalan que la incomunicación y el confinamiento inició el pasado 6 de enero y fue suspendida cuando se le permitió el ingreso a una delegación de la alcaldía para llevar víveres y hacer acompañamiento a las familias.

Esta misma organización señala que, en esta zona fueron asesinados tres líderes sociales, ocurrieron dos masacres que dejaron 12 víctimas y fueron desplazadas cerca de 300 personas durante 2020.

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Mientras se define la situación de las familias desplazadas, la fundación se unió al llamado de las autoridades locales para que la Nación tome medidas que garanticen los derechos fundamentales de las familias desplazadas.

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