Según Crisis Group, la violencia contra líderes sociales se incrementó en un 85% durante la pandemia

La organización dedicada al análisis, prevención y resolución de conflictos armados publicó un documento que detalla las aristas del problema, desde las regiones donde más se presenta, hasta las condiciones que hacen que un líder sea vulnerable.

Indígenas y líderes sociales marchan el 10 de julio de 2020 en las calles de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo
Indígenas y líderes sociales marchan el 10 de julio de 2020 en las calles de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

El flagelo de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue avanzando con firmeza en el territorio colombiano. Así lo confirmó el más reciente informe de la organización sin ánimo de lucro, International Crisis Group, según el cual, la problemática creció en un 85% durante los cinco meses de aislamiento por pandemia, frente al mismo periodo del año pasado.

Según recuenta El Espectador, el informe “Lideres bajo fuego: definiendo la paz en Colombia”, diagnostica que ni siquiera una pandemia de calibre mundial fue suficiente para ponerle al menos una pausa a la situación. De hecho, y basándose en las cifras de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el reporte señala que hubo 139 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en 156 días de cuarentena.

Estos se presentaron en 29 de los 32 departamentos colombianos, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los escenarios de por lo menos la mitad de los hechos. Para completar, el 60 % de los asesinatos se presentaron en las áreas de influencia de las 170 municipalidades designadas por los acuerdos de paz para recibir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial durante el posconflicto.

En este sentido, la conclusión de la organización es que la mayoría de muertes se presentan en regiones donde hay más de un grupo armado luchando por el territorio o que hacen parte de corredores de droga, o ambas. Es decir, “áreas que históricamente han tenido que presenciar los más altos niveles de conflicto”.

Los autores del informe también apuntan que, de los homicidios, el 59 % se pueden atribuir a grupos armados identificables; el 39 % a individuos o bandas desconocidas y el 2 % restante a oficiales militares. Al respecto de esto último, alertan desde el diario que “hay un discurso de que los líderes sociales son guerrilleros y narcotraficantes”, que es el que termina en las ejecuciones por parte de las fuerzas armadas del Estado.

Con respecto al aislamiento, las publicaciones apuntan que “los grupos armados se han aprovechado de la distracción del Gobierno para reforzar su control sobre el territorio, imponiendo estrictos controles sociales como los toques de queda bajo la apariencia de cuarentenas, ordenando la distribución de suministros de alimentos y amenazando a cualquier persona de quien se sospeche es contagiosa”.

Y es que, los líderes sociales se han enfrentado durante la pandemia a una serie de problemas que los dejan más vulnerables que nunca. El reporte enumera, por ejemplo, las limitaciones físicas que tienen para desplazarse hacia otros espacios, lo que quiere decir que tienen ubicaciones fijas que los hacen más fáciles de encontrar; la suspensión de esquemas de seguridad (4.966 de ellos tienen uno), la pérdida de relacionamiento con las comunidades a causa del aislamiento; la geografía colombiana que impide una buena conectividad en las áreas apartadas, e incluso la imposibilidad de tener dispositivos como celulares.

Crisis Group detalló, incluso, cómo es la ruta que suele llevar al asesinato de un líder social. Según la organización, primero aparecen amenazas por e-mail o mensajes de texto provenientes de fuentes anónimas, ordenándoles que abandonen la región. Luego comienzan los panfletos que los designan como objetivos. Finalmente llegan las muertes. “Las mujeres reciben amenazas de violencia sexual, o de hostigamiento hacia sus hijos y familiares. Los líderes LGBTQ reportan que reciben mensajes que sugieren la necesidad de una ‘limpieza social’”.

El documento continúa analizando diferentes casos particulares, incluido el del actual comisionado de la Verdad, Leyner Palacios, y hasta explora la relación que pueden llegar a tener las autoridades estatales con algunos grupos a los que privilegian sobre otros, a los que sí atacan.

Por último, ofrece una serie de recomendaciones:


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