Contraloría declara irregularidades en entrega de alimentos del ICBF como tema de “impacto nacional”

Una mujer, en el Cesar, reclamó, en representación de 172 niños diferentes el mismo número de canastas alimentarias; un hombre recibió 134 raciones para sus “sobrinos” y otro dijo ser el “acudiente” de 195 menores de edad en Norte de Santander. La estafa superaría los 2.000 millones de pesos

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Una mujer que, en Chimichagua, Cesar, reclamó, en representación de 172 niños diferentes el mismo número de canastas alimentarias; un hombre que recibió 134 raciones por sus sobrinos o el señor que dijo ser el acudiente de 195 menores de edad en Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, son la punta del iceberg de la investigación en la que se reportó que 15.580 personas fallecidas fueron beneficiarias de un plan de canastas nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entre marzo y agosto. Para la Contraloria, esto ya es un caso de “impacto nacional”.

Al determinar la gravedad de la situación, el proceso es asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la misma Contraloria. Esta investigará las 69 alertas emitidas por la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (Diari) e iniciará una investigación preliminar. La decisión del organismo de control se debe al alto monto de dinero que representa el hecho.

Con las entregas a estas personas, el detreimiento patrimonial con este programa, dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años en medio de la cuarentena nacional que vivió el país, asciende a los 2.241 millones de pesos

A partir de la etapa preliminar se determinará si se abre o no un proceso de responsabilidad fiscal buscando una sanción económica dirigida a los responsables.

Las entregas de estas canastas fueron hechas por contratistas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a madres comunitarias e instituciones prestadoras de servicios, y su objetivo era proveer alimentación para niños y niñas a través de planillas gestionadas a mano, que fueron, con posterioridad, base de la investigación que permitió a la entidad establecer la alerta.

Reacción del ICBF

Tras los señalamientos por parte de la Contraloría, el Instituto de Bienestar Familiar manifestó, a través de un comunicado, que desde el primer momento de la pandemia se le pidió acompañamiento al organismo de control y que no ha recibido oficialmente el documento por parte de la entidad.

“El ICBF no ha recibido oficialmente el informe de la Contraloría General, a quien de manera particular solicitó apoyo en el proceso de supervisión y verificación a los operadores de primera infancia que están encargados de llevar las canastas nutricionales a las familias beneficiarias”, puntualizó Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Además, Arbeláez manifestó que desde el ICBF se ha venido trabajando en la creación de herramientas para evitar que los operadores se lucren de los recursos destinados a la niñez como la aplicación BienestarApp y Betto.

“Betto incorpora la inteligencia artificial, la capacidad de utilizar algoritmos de control en las plataformas de ciberseguridad, para darles todas las certezas a los procesos de contratación administrativa”, señaló la directora del ICBF.

De igual forma, advirtió que se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer las responsabilidades de los contratistas, y que de encontrarse, tendrán que responder penalmente.

Asimismo, por medio de sus redes sociales, la directora se pronunció al respecto y priorizó la importancia de los recursos destinados para la niñez.