FLIP denuncia estigmatización a la prensa por parte del exfiscal Néstor Humberto Martínez

La Fundación para la Libertad de Prensa denunció, a través de un comunicado, que el exfiscal ha cuestionado, sin ningún argumento, las investigaciones periodísticas relacionadas con su gestión y ha estigmatizado a periodistas que publican información de relevancia pública.

BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/02/2017.- El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez habla hoy en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá (Colombia). EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA
BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/02/2017.- El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez habla hoy en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá (Colombia). EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que el exfiscal Néstor Humberto Martínez estigmatiza y cuestiona los trabajos de la prensa que han puesto en duda su gestión en el organismo judicial. Para la organización, estas acusaciones intimidan a quienes publican información de relevancia pública. La acusación se basa en las afirmaciones del exfiscal Martínez durante la sesión de control político el 26 de noviembre ante la Comisión Primera del Senado de la República donde el exfiscal desacreditó el trabajo del periodista Edison Bolaños, reportero de El Espectador, alegando que la investigación no fue diligente y buscaba encubrir a Jesús Santrich.

La organización señala, además, que el exfiscal Martínez acusó a Edinson Bolaños de ocultar información, pero no se valió de ninguna prueba para dicha incriminación: “yo sé que el periodista tiene toda esta información, pero selectivamente no la ha publicado. ¿Por qué no la deja conocer para que se sepa cómo era que el ratón estaba rondando el queso, o sea, la platica para los desmovilizados? Y, después dicen que son las autoridades las que están en contra de la reinserción de estos señores”, cita la denuncia. Este requerimiento injustificado por parte del exfiscal, continúa el documento, es una violación a la reserva de la fuente y, además, la pone en peligro, igual que a la periodista.

La FLIP cuestiona que el exfiscal Martínez no tenga ninguna base o evidencia para sus acusaciones y, además, decida generalizar para desprestigiar el trabajo de “la prensa libre e independiente”. La organización también rechaza que el exfiscal proclamara su intención de denunciar a la periodista María Jimena Duzán por mencionar que este habría dado la orden para interceptar a políticos y negociadores de paz. La FLIP señala que el exfiscal Martínez ya presentó distintas acciones de tutela contra la periodista. Este accionar, reitera la organización, “vulnera los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre”, además de que pretende intimidar a la prensa que ha cuestionado su gestión en la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, para la FLIP, el mensaje intimidatorio es contundente, pues ha requerido de la vía judicial para atentar contra los periodistas. Por ello, citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues asegura que utilizar el derecho penal para condenar expresiones “de interés público o carácter público” vulnera los artículos de la Convención Interamericana. Además, revelan que algunos periodistas vinculados a investigaciones relacionadas con la regencia del exfiscal han solicitado medidas de protección. Esto se debe a que Martínez ha “gestado una miente permisivo de agresión”.

La intención de silenciamiento del exfiscal sobre asuntos de interés público, a través del uso de su cargo y posición, preocupa a la FLIP. Por ello, aseguran que “judicializar el debate público” es una estrategia de censura que impide el ejercicio de democrático. También, le piden a la Unidad Nacional de Protección atender las solicitudes de los periodistas “sin ceder a presiones” políticas, ya que estas garantías son fundamentales para la prensa libre e independiente la cual aporta, día a día, a la democracia del país.

La investigación de Edinson Bolaños en El Espectador reveló que 24 mil audios, incluidos en el expediente de Jesús Santrich, contenían nuevas versiones sobre este caso que vinculó a Piedad Córdoba y al exvicepresidente Óscar Naranjo con el narcotráfico. La investigación también señala que la Fiscalía y la DEA negaron el acceso a la JEP al expediente, pese a que la Jurisdicción tenía la competencia para decidir sobre la extradición de Santrich a Estados Unidos, proceso que no pudo llevarse a cabo por falta de pruebas. Además, la JEP indicó que, de los 24 mil grabaciones de audio, solo recibió 12.