
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que el informe de la Human Right Watch que denuncia la muerte intencional de más de 20 presos de la cárcel Modelo, y otro hecho por parte de la procuraduría, confirma la violación sistemática que se presentó dentro de la prisión en el motín que ocurrió en marzo.
“Ya son por lo menos dos informes: el de la Procuraduría General de la Nación y el de HRW, que indican que hubo un abuso de la fuerza y una violación de Derechos Humanos en la cárcel la Modelo”, senteció López.
El informe de la HRW, que salió a la luz la semana pasada, hizo un recuento de los hechos ocurridos el 21 de marzo de este año. El motín dejó como resultado la muerte de 24 internos y a 107 personas heridas, de las que 76 eran presos y 31 eran guardias penitenciarios.
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La revuelta dentro de la cárcel la modelo se dio como consecuencia de protestas de los presos que buscaban tener respuestas ante su situación pues, la pandemia del coronavirus empezaba a generar pánico respecto a una posible propagación dentro de las instalaciones de la modelo, lo que pondría en riesgo su salud y hasta sus vidas, debido a las condiciones de hacinamiento y salubridad.
La necropsia de los 24 hombres fallecidos, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, llegó a manos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT), ambas entidades, tras análisis de los resultados, concluyeron que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar (...) los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
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En una entrevista para RCN Radio, el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, recalcó lo que ya había mencionado cuando salió el informe de la entidad, que los estudios dejan la conclusión de que los funcionarios del INPEC habrían usado sus armas en contra de los presos con la plena intención de acabar con sus vidas, “Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos (...) Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió en La Modelo”.
La alcaldesa de Bogotá, que solicitó que los hechos se esclarecieran y que se capturaran a los funcionarios implicados en los homicidios, aseguró que, “solo ese hecho, solo lo de la cárcel Modelo, incrementó en 24 casos de homicidio el global de homicidios de Bogotá. Es muy preocupante, por supuesto y esperamos que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto y prevengan que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir y sancionen eficazmente a los responsables”.
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El día de los hechos, la entonces ministra de justicia de Colombia, Margarita Cabello, explicó que las muertes de los 24 reclusos tuvieron que ver con la solución que vieron los guardias de seguridad para evitar que los presos se escaparan porque, según explicó la ex funcionaria, los hombres tenían en mente un “plan criminal de fuga”.
Tras el motín y la denuncia hecha por la HRW, la Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, aseguró que se han venido adelantando investigaciones y que, a partir de los hechos, se han interrogado a 300 de los más de 4.900 detenidos que fueron testigos de lo sucedido, y aclaró que se ha tratado el tema con “desidia ni lentitud” en las investigaciones.
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