Así operaban los “falsos positivos” en el Eje Cafetero

El acompañamiento judicial de los representantes de las víctimas permitió identificar “patrones sistemáticos” en la ejecución de los crímenes.

Foto: EJÉRCITO DE COLOMBIA
Foto: EJÉRCITO DE COLOMBIA

El informe “Una práctica sistemática ejecuciones extrajudiciales en el Eje Cafetero (2006-2008)” elaborado por la Asociación Red de Defensores de Derechos Humanos, DH Colombia, está basado en tres casos en los que presuntamente ocurrieron “falsos positivos”.

En este sentido, el proceso de acompañamiento judicial de los representantes de las víctimas, le permitió la organización identificar “patrones sistemáticos” en la ejecución de los crímenes.

Esas características comunes para casos ocurridos entre el 2006 y 2008, permiten afirmar que se trató de una práctica sistemática a lo largo y ancho del país.

Los hallazgos de este análisis quedaron plasmados en un informe que será presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los casos

El primero ocurrió el 6 de febrero de 2008 cuando los jóvenes Darbey Mosquera Castillo, Álex Hernando Ramírez y José Didier Marín Camacho, residentes de Pradera, Valle del Cauca, fueron llevados con engaños de promesas de empleo a Pereira. Al día siguiente, un integrante del Batallón de Contraguerrilla No. 57 Mártires de Puerres y un integrante de la Oficina de Envigado llevaron a los jóvenes a la vereda La Java, a las afueras de Manizales, los entregaron a soldados y fueron ejecutados.

Los dos primeros fueron presentados falsamente como integrantes de una banda de extorsionistas, mientras que el tercero escapó al tirarse por un barranco y logró avisar de lo sucedido.

Sin embargo, Eulicer Quintana, un soldado de ese mismo batallón y primo de Darbey, fue retirado de la unidad militar el día anterior al crimen. Posteriormente, intentó denunciar el hecho de forma fallida, pues uno de sus compañeros le avisó que habían dado la orden de matarlo y desertó.

II

El segundo caso es similar. Ocurrió el 4 de marzo de 2008. Walter Ray Caldas Cano, Jorge Antonio Benavides Enríquez, Joiver Fernando Henao, Alexander Motta, Juan Carlos Perafan Guevara y Alix Amparo Insuasty Serna fueron engañados por dos civiles, que presuntamente trabajaban con la Brigada VIII del Ejército, de tal manera fueron trasladados de Popayán a Pereira.

Al día siguiente llegaron a Manizales y estuvieron en un establecimiento público. Más tarde, en horas de la noche, fueron llevados a la finca La Primavera en la vereda El Chuzo y fueron ejecutados.

Entre los responsables de este caso se encuentra Juan Carlos Arenas, alias El Paisa, quien actuó como reclutador y también hizo lo mismo para el caso de La Java.

III

El tercer caso ocurrió el 16 de enero de 2008. Las víctimas fueron Luis Guillermo González Eljaik, Ronald Mauricio Gonzales y Ricardino Escobar Restrepo. Los jóvenes fueron trasladados desde Buga a Pereira y ejecutados esta misma noche en la vereda Lembo del municipio de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda. Las víctimas fueron señaladas falsamente de integrar una bacrim. “Como parte de un acuerdo de distribución de los cuerpos, que fuera confesado por un oficial vinculado al caso La Java, los dos primeros fueron reportados como bajas por el Batallón y el tercero, por el Gaula Risaralda”, dice el informe.

El informe

En este sentido, tras realizar varias investigaciones, los apoderados de las víctimas tuvieron acceso a toda la documentación de los casos y pudieron encontrar características similares. Por ejemplo, que las víctimas “eran contactadas por personal militar o particulares que trabajaban para los primeros; que eran conducidas a lugares retirados, de sus lugares de residencia; que dichos traslados se producían bajo engaño, motivados en ofrecimientos laborales; que posterior a ello, eran llevados a parajes solitarios; que una vez allí, eran ejecutados extrajudicialmente y la escena del crimen se organizaba, con el propósito de dar apariencia de la existencia de un combate y con ello de la legalidad de la operación”, dice el informe.

Ese informe, realizado por DH Colombia, fue conocido por el diario El Espectador y recoge, además, las investigaciones de la sociedad civil que da cuenta de las características de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales: exclusión, vulnerabilidad, precarias condiciones económicas, pequeños delincuentes, personas consumidoras de estupefacientes, personas en situación de discapacidad, campesinos e indígenas.

Todas las víctimas en su mayoría son hombres y adultos jóvenes. Por ejemplo, “las familias del caso La Java eran residentes del municipio de Pradera Valle, localidad afectada por el desempleo y la falta de opciones productivas derivado del conflicto laboral entre agroindustriales del azúcar y los corteros de caña, pertenecientes a un entorno socio económico humilde”, sostiene el informe.

Por otro lado, las víctimas son todas afro, padres muy jóvenes y con empleos informales.

El documento también tiene en cuenta revisiones a 66 investigaciones que realizaban la justicia ordinaria y la penal militar por el delito de homicidio.

También se agregan los reportes de necropsia y de inspección a los hechos, entre otros, lo que permitió establecer un mapeo sobre las edades de las víctimas, sus ocupaciones y la forma en la que sucedieron los presuntos crímenes.

¿Qué pasa con la justicia?

Con toda la documentación y las investigaciones realizadas, los defensores de derechos humanos encontraron varios elementos claves alrededor de estos casos.

Por un lado, que las investigaciones terminaban en la Justicia Penal Militar, a pesar de tratarse de graves violaciones de derechos humanos, lo que demoraba el envío de los expedientes a la justicia ordinaria que tampoco resolvía los casos.

El documento además demuestra cómo las investigaciones de la justicia ordinaria permiten confirmar la existencia de un aparato criminal, con distribución de funciones, que escogió víctimas y ejecutó muertes de manera planificada y similar.

De hecho, según el informe, ese “aparato criminal” incluía pago de recompensas, entrega de beneficios y participación de altos mandos para ello y para alterar las órdenes de soporte.

“Este elemento podría ayudar a demostrar, la plena participación de los mandos en la cadena de planeación, ejecución y encubrimiento”, expresa el informe.

Otro tercer elemento clave al hablar con los apoderados de las víctimas, podría ser sobre el general Mario Montoya y su posible participación como determinador de falsos positivos entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Por último, el informe documenta cómo los procesos judiciales se han visto marcados por maniobras dilatorias, de desgaste y revictimización. Esto se ha logrado con aplazamientos de numerosas audiencias alegando la existencia de otros compromisos o razones médicas de última hora que lograron, con el tiempo, que el examen de fondo sobre su responsabilidad en estos tres casos fuera postergado.

“A la fecha no existe avance investigativo alguno, a excepción del otorgamiento de beneficios a los responsables”, dice el informe.

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