Tutela al Gobierno por excluir a mujeres de escasos recursos de Ingreso Solidario

La tutela fue interpuesta por 24 mujeres migrantes y trabajadoras domésticas, con el apoyo del centro de estudios en derecho, Dejusticia.

Foto:  EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Así lo hizo saber el centro de estudios en derecho, Dejusticia, dirigido por el abogado Rodrigo Uprimny. La organización apoyó a 24 mujeres en condiciones críticas de pobreza para interponer una acción de tutela contra la Presidencia y el DNP, pues, el programa Ingreso Solidario creado en medio de la crisis, estaría siendo excluyente.

Entre las mujeres que interpusieron la tutela se encuentran 15 migrantes y nueve trabajadoras domésticas. “A pesar de que todas necesitan un ingreso mínimo para garantizar la comida, el techo y la supervivencia de sus familias, no han sido incluidas en el Programa Ingreso Solidario (PIS) -el subsidio de $160.000 mensuales que creó el Gobierno para los hogares más pobres durante la pandemia-”, explicó el centro de estudios.

Por otro lado, Dejusticia afirmó que encontraron algunas fallas en este programa “que estarían ocasionando la exclusión de casi 1 millón de hogares que necesitan de este subsidio para sobrevivir al hambre en la pandemia”.

La cifra otorgada por el centro de estudios, está basada en las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), según el cual el 89% de los hogares vulnerables está recibiendo al menos una transferencia social durante la pandemia.

En este sentido, Dejusticia explicó que podría interpretarse que el “11% de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad no está recibiendo ninguna ayuda monetaria del Estado, lo que equivale a 971.205 hogares. Al multiplicar esto por el número de personas en promedio por hogar (que según el censo de 2018 es 3,1) el resultado son 3′010.735 personas”, sentenció la organización.

<mark class="hl_orange"><b>Posibles fallas en el programa</b></mark>

Por su parte, el centro de estudios explicó que encontraron algunas fallas en el diseño e implementación del programa. Para DeJusticia, los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos.

Además de esto, otro problema del programa, son las barreras para acceder al mismo. La más grave tiene que ver con el requisito de estar debajo de cierto puntaje en el Sisbén, pues existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje.

“Este es el caso de algunas mujeres migrantes que entrevistamos, quienes tenían un puntaje que no las ubicaba en los sectores más pobres antes de la pandemia, pero que vieron un deterioro en sus condiciones de vida con el aislamiento”, dijo Dejusticia.

Finalmente, en la acción de tutela, las mujeres le piden al Gobierno que las incluya en el Ingreso Solidario de manera urgente y así garantice sus derechos al mínimo vital, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda, el acceso a servicios públicos, la seguridad social, la información y la igualdad.

“También le piden al juez que ordene al Gobierno publicar los criterios de selección para acceder a este programa y corregir las fallas institucionales en este procedimiento”, concluyó Dejusticia.

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