Polémica en Colombia por un decreto que permite la caza de tiburones para comercializar sus aletas

El Gobierno colombiano autorizó la caza de tiburones para comercializas sus aletas, algo que despertó la indignación de sectores ambientalistas y animalistas en el país, así como una parte de la ciudadanía que rechazó la decisión.

Por medio de la resolución 350 de 2019 del Ministerio de Agricultura, que fue firmada el pasado viernes 25 de octubre, se establecieron las cuotas globales de la pesca de diferentes especies para el 2020. El documento especifica que el próximo año estaría permitido pescar 125 toneladas de tiburón y la comercialización de 5.2 toneladas de aletas de la especie Carcharhinus Falciformis, conocido como el tiburón sedoso.

Además, la resolución permite que se pesque otras 350 toneladas de tiburón en el mar Pacífico y se recogieran 9,9 toneladas de las especies Alopias Pelagicus, Alopias Supercilliosus y Sphyrna Corona.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la resolución no representa nada atípico frente a las pasadas reglamentaciones de la pesca de estas especies en Colombia, resalta que desde 2015 se viene estableciendo la misma cantidad, un total de 500 toneladas, como tope de pesca de tiburones en los mares territoriales colombianos.

“Esta es una cuota relacionada con la pesca de tiburón que se permite solo para pesca artesanal; en especial para las capturas por pesca incidental, que es aquella que se da por accidente dentro de su pesca tradicional. Son 65 mil pescadores artesanales marinos, sin tener en cuenta los continentales, los que hay en el país”, afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en un comunicado.

Las novedades de la resolución parte de especificar que las cantidades permitidas son exclusivamente para la pesca artesanal, además se hace la salvedad de los valores asignados en las cuotas de las aletas deben salir del tope de pesca de tiburones. Es decir, “estos animales deben llegar con las aletas a puerto”.

Según el ministro, la medida esta pensada para poner un freno a la práctica del “aleteo” en la que los pescadores solo extraen la aleta del animal y lo devuelven al mar, causando así una afectación a la especie.

Sin embargo, la polémica alrededor de la resolución gira en torno a otro de sus puntos nuevos, la inclusión entre las especies de tiburón avaladas para su pesca y comercialización de sus aletas, al tiburón zorro o Alopias superciliosus, el cual se encuentra entre las especies amenazadas en su supervivencia del listado de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).

En el apéndice II de la CITES, donde aparece el tiburón zorro, se incluyen “especies no necesariamente amenazadas de extinción, pero en las cuales el comercio debe ser controlado para evitar una utilización incompatible con su supervivencia”.

Esto ha motivado criticas de ambientalistas y animalistas colombianos tan reconocidos como Sandra Bessudo, bióloga marina y directora de la fundación Malpelo.

Bessudo sostiene que para estas especies amenazadas en su supervivencia no deberían haber cuotas permitidas y en general los topes establecidos para la pesca y comercialización de los tiburones y sus aletas le resultan exagerados.

“Además, me preocupa que esto de pie para que se capturen tiburones bajo la modalidad de pesca artesanal que, claramente, por los volúmenes, no es artesanal. Debemos fortalecer el control y la vigilancia”, dijo en declaraciones a El Espectador.

Por su parte, la fundación MarViva, que trabaja para el uso sostenible de los recursos marítimos, emitió un comunicado en donde rechaza la decisión del Ministerio de Agricultura y advierte que puede traer consecuencias graves en los ecosistemas naturales de estos animales.

"Esta resolución incentiva la pesca de especies amenazadas de tiburones y rayas; especies consideradas de alta importancia para la salud de los ecosistemas marinos y por ende de la seguridad alimentaria de las comunidades costeras", señalaron.

Enfatizaron que no es solo el tiburón zorro, sino que hay otras especies que se encuentran amenazadas y que la resolución avala su pesca, como Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran, Sphyrna zygaena, Carcharhinus falciformis y Alopias pelagicus. Además, señalaron que hay categorías muy genéricas dentro de los otros animales que se permiten comercializar y pescar, como: atún, Jaiba, Peces Óseos, Langosta del Caribe, etc. Esto, según la fundación, desconoce las diferencias en las poblaciones y las afectaciones que la extracción de las diferentes especies incluidas en cada categoría genérica podría tener.

“Estas deficiencias en la Resolución, son más preocupantes aún, a la luz del débil control ejercido en las capturas y descargas pesqueras en nuestro país. La Fundación MarViva recomienda revocar esta resolución hasta tanto no exista información científica sobre las poblaciones que permitan establecer rigurosas cuotas de pesca que efectivamente propicien la pesca sostenible y la conservación de los recursos marinos y costeros. La Fundación MarViva hace un llamado a otras instituciones que tienen como obligación velar por la conservación de los recursos pesqueros para que se pronuncien en este tema”, concluyen.