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Un nuevo capítulo se abre en el caso del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. A 29 años de su asesinato la Fiscalía dicta medidas de aseguramiento para dos nuevos implicados. Se trata de los ex generales de la Policía Argemiro Serna y Oscar Eduardo Peláez Carmona.
Los oficiales retirados tienen prohibido salir del país mientras se investiga su participación y conocimiento en el plan que atentó contra la vida del líder liberal. Los cuestionados tendrán que rendir declaratoria cuando sea requerida y suscribir una póliza de garantía por 40 salarios mínimos vigentes (cerca de 10.839,87 dólares), según detalla Semana.
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El 18 de agosto de 1989, mientras estaba en una tarima dando discursos de su campaña presidencial en Soacha, Cundinamarca, un sicario disparó contra el entonces candidato presidencial y líder del partido Nuevo Liberalismo, quien falleció en el hospital al que fue trasladado.
El crimen fue ordenado por el Cártel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero también participaron agentes del Estado que aún siguen bajo investigación.
Dentro de las pesquisas, el ente acusador estableció que Argemiro Serna, en esa época subcomandante de la Policía de Cundinamarca, participó en el crimen en calidad de omisión. Es decir, tuvo conocimiento de la manifestación política y no tomó las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de Galán.
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"Tenía facultades para disponer de personal y medios logísticos para el cumplimiento de dicha tarea, pero según las pruebas recaudadas, ese día se dispuso de un servicio en el que habrían participado tan solo, aproximadamente, 14 patrulleros; cantidad insuficiente de policías dado que el candidato ya había sufrido un atentado y era considerado el hombre más amenazado del país", agregó el ente acusador a El Espectador.
Sobre Óscar Peláez, ex director de la Dijín, se investigan irregularidades en la investigación sobre el homicidio. El ente acusador dice que este contribuyó con el entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, para desviar la investigación penal.
Además, se archivó la investigación contra el coronel retirado, Gentil Vidal Sarria, al no encontrar pruebas contundentes sobre su participación en los hechos.
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