
La fiscalía de Colombia pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que investigue a ocho congresistas oficialistas y un ex ministro del presidente Juan Manuel Santos presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
"La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas (…) para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", indicó el ente acusador en un comunicado.
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En Colombia, la Corte Suprema tiene la competencia de investigar y juzgar a funcionarios con fuero, entre ellos senadores, representantes y exministros.
Los directivos de la firma "lograron el apoyo" de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012, durante el primer mandato de Santos (2010-2014), agregó.
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Para ello, contaron con la intermediación del ex senador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenidos por este mismo escándalo.
En un principio Bula y Gaviria contactaron a los senadores Mussa Besaile, Bernardo Elías y Armando Benedetti, del Partido de la U, el de Santos, y a Antonio Guerra, de Cambio Radical.
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A este grupo de congresistas, conocidos como "Los buldozer", les habrían pagado en total dos millones de dólares, según la fiscalía.
Los pagos los realizó Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña donde se firmaron cheques que fueron cambiados a efectivo en Colombia para pagar las coimas.
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He sido respetuoso del proceso, pero tengo que salir a la opinión pública para desmentir esta descarada estrategia de desprestigio, no solo en mi contra sino de todos los políticos que somos adversos a Germán Vargas y su proyecto político #FiscalDeBolsillo
— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 15, 2017
Posteriormente, para "impulsar" la adición de un contrato del mismo concesionario, pagaron una "comisión de éxito" a "Los buldozer" y otros parlamentarios.
Además de "Los buldozer", los otros presuntamente involucrados en esta trama son los senadores Álvaro Ashton (Partido Liberal), Sandra Villadiego (Partido de la U), Martín Morales (De la U) y el representante Alfredo Cuello (Partido Conservador).
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En este caso Odebrecht habría contado con la "coadyuvancia" del entonces ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, para la adjudicación del contrato, por lo que la fiscalía también pidió investigarlo.
Peñaloza estuvo al mando de esa cartera entre mayo y agosto de 2012.
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Villadiego, entretanto, rechazó los señalamientos, mientras Benedetti denunció una supuesta persecución política, con falsos testigos, por parte del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Benedetti dijo que lo persigue por oponerse al ex vicepresidente y aspirante presidencial German Vargas Lleras, cercano del fiscal.
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"Todo obedece a la maniobra política de un candidato que está obsesionado con afectarme", dijo Bennedetti en rueda de prensa.
Según la fiscalía, para la obtención de la adición la constructora brasileña pagó 16,5 millones de dólares en sobornos, aunque no precisa cuánto era el monto destinado a los parlamentarios o a Peñaloza.
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Odebrecht, inmersa en un escándalo global de corrupción, reconoció ante el gobierno de Estados Unidos haber otorgado 11,1 millones de dólares en sobornos en Colombia. Según la fiscalía colombiana, las coimas superarían los 27,7 millones de dólares.
Con información de AFP
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