Ecuador dará USD 8,5 millones a viviendas afectadas por El Niño, pero aún no define cómo se entregará la ayuda

El Gobierno de Ecuador anunció la creación de un bono de hasta USD 964 para reparar viviendas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, en medio de una emergencia que ha dejado 11 fallecidos, casi 49.000 personas perjudicadas y más de 11.400 casas afectadas en todo el país. La medida contará con una asignación inicial de USD 8,5 millones, aunque las autoridades todavía deben definir los requisitos para acceder a los recursos, los procedimientos de evaluación y el calendario de desembolsos.

La decisión fue adoptada el 3 de noviembre por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, durante una sesión celebrada en las instalaciones del ECU 911 de Samborondón, en la provincia costera del Guayas. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, quienes revisaron las consecuencias de las precipitaciones registradas desde finales de agosto.

Según la información difundida por Ecuavisa y Primicias, el beneficio económico tendrá un límite equivalente a dos salarios básicos unificados de 2026. Sin embargo, no todos los hogares recibirán necesariamente el monto máximo. La cantidad asignada dependerá de una evaluación técnica que determinará la magnitud de los daños y las reparaciones necesarias en cada inmueble.

Luque explicó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) será responsable de establecer el mecanismo de evaluación y asignación. Entre las alternativas planteadas se encuentra la suscripción de convenios con cámaras de la construcción para facilitar las inspecciones técnicas de las viviendas perjudicadas.

El procedimiento también contemplará controles posteriores para verificar que el dinero se utilice efectivamente en los trabajos de reparación. De acuerdo con las explicaciones oficiales recogidas por los medios locales, el mecanismo se sustenta en disposiciones de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.

No obstante, el anuncio todavía no constituye la apertura de un proceso de inscripción. El COE dispuso que el MIT emita, en un plazo máximo de siete días, la normativa necesaria para ejecutar el programa. Hasta el 4 de noviembre no se habían anunciado públicamente los formularios de solicitud, los documentos exigidos ni las fechas previstas para los primeros pagos.

La magnitud de la emergencia representa uno de los principales desafíos para la implementación del beneficio. Según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, entre el 29 de agosto y el 3 de noviembre se contabilizaron 1.086 eventos adversos relacionados con las condiciones meteorológicas, distribuidos en las 24 provincias ecuatorianas.

Las emergencias alcanzaron 159 cantones y 437 parroquias, con un saldo de 39.230 personas afectadas y 9.728 damnificadas, además de 11 fallecidos y cuatro heridos. Las autoridades también reportaron 11.449 viviendas afectadas, una cifra que evidencia el alcance territorial de los daños y la demanda potencial de asistencia habitacional.

Las inundaciones concentraron el 56,45% de los eventos registrados, seguidas por los deslizamientos, con el 18,78%. También se documentaron lluvias intensas y vendavales, cada uno con una participación del 5,89% en el total de emergencias. Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí figuran entre las provincias más perjudicadas por las precipitaciones.

El presupuesto inicial anunciado permite dimensionar las posibilidades y limitaciones de la respuesta estatal. Si los USD 8,5 millones se destinaran íntegramente a transferencias por el monto máximo de USD 964, alcanzarían para financiar aproximadamente 8.817 bonos completos, una cantidad inferior al número de viviendas afectadas reportadas oficialmente.

Esta comparación no implica que todas las viviendas registradas deban recibir el beneficio ni que cada reparación requiera la asignación máxima. El número efectivo de hogares atendidos dependerá de los resultados de las inspecciones, los criterios de elegibilidad y los montos individuales que determine el ministerio. Tampoco se ha precisado si el Gobierno ampliará el financiamiento en caso de que las necesidades superen los recursos inicialmente previstos.

La nueva transferencia se diferencia del Bono de Contingencia, otro mecanismo de asistencia destinado a familias perjudicadas por eventos adversos. Este último contempla una ayuda económica por una sola ocasión, equivalente al 50% de la canasta familiar vital, cuyo valor para los eventos de octubre fue establecido en USD 303,99.

Mientras el Bono de Contingencia busca proporcionar recursos para afrontar necesidades inmediatas, el nuevo programa estará dirigido específicamente a la reparación de viviendas. Las autoridades todavía deberán aclarar si una misma familia podrá acceder a ambos mecanismos y bajo qué condiciones.

La sesión del COE también produjo otras disposiciones para atender las consecuencias de las lluvias. Entre ellas consta la instrucción al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para que presente, en un plazo de 48 horas, un inventario de mercancías bajo su custodia que puedan destinarse legalmente a la asistencia humanitaria, incluidos electrodomésticos, prendas de vestir, calzado y otros enseres.

En Guayaquil, una de las ciudades más expuestas a las inundaciones, las autoridades coordinaron la habilitación de 11 alojamientos temporales para las familias que debieron abandonar sus viviendas. El COE también solicitó al Municipio y a la empresa Emapag reforzar las labores de limpieza y mantenimiento de canales, alcantarillas y sistemas de drenaje pluvial.

Asimismo, el organismo exhortó a la Superintendencia de Compañías a supervisar la atención de los reclamos presentados ante las aseguradoras por daños cubiertos en las pólizas, incluidos los ocasionados a vehículos durante las emergencias.

La respuesta gubernamental se produce después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) declarara, el 28 de agosto, la presencia del fenómeno en Ecuador. Un día después se estableció la alerta roja nacional, mientras las instituciones públicas activaban mecanismos de preparación y respuesta frente a las precipitaciones.