Los transportadores de Bosa y Soacha denuncian extorsiones que pueden llegar a 20 millones de pesos mensuales, una presión que, según las víctimas, dificulta la continuidad de su trabajo en el sur de Bogotá y el municipio vecino.
Los cobros se distribuyen por rutas y alcanzan montos de entre 500.000 y un millón de pesos por cada una. El número de recorridos afectados eleva la suma final que deben afrontar algunos conductores.
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Las víctimas aseguran que los cobros se distribuyen por recorridos y que el temor a represalias ha impedido que numerosos casos lleguen ante las autoridades.
Una víctima explicó a Canal Capital que los pagos exigidos varían según el trayecto. “Existen varias rutas y cada ruta oscila entre los 500 mil, un millón de pesos. Entonces, como son tantas rutas, pues ya se imaginará”.
La persona consultada señaló que las presiones no se concentran solo en Bosa y Soacha. “No solamente las rutas en Bosa, sino en Soacha, en Suba, en Usaquén, en Ciudad Bolívar, en Usme”, afirmó ante el canal.
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El testimonio también expuso el efecto del miedo entre los conductores. La víctima sostuvo que “hay muchas víctimas que no denuncian por el miedo”.
Los extorsionistas amenazan con armas y explosivos
Los audios conocidos por el medio mencionado contienen amenazas contra quienes se niegan a cumplir las exigencias. En uno de los registros, un hombre se dirige a los transportadores y advierte: “Bloqueando no va a solucionar nada”.
El interlocutor eleva luego el tono de la intimidación: “Si ustedes siguen así, le vamos a meter, ya no son plomo, le vamos a meter es granada, ¿oyó?”.
En el mismo audio, la persona se identifica como “Pedrito” y amenaza a quienes acudan a organismos de seguridad. “Si ustedes no apoyan la organización, le vamos a seguir metiendo plomo”, se escucha.
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Desde el 2023, los transportadores han sufrido cerca de 17 ataques atribuidos a estos grupos, de acuerdo con los afectados. Las denuncias describen un patrón en el que las amenazas preceden o acompañan agresiones contra quienes reciben los cobros.
Una víctima relató ante el canal que los delincuentes se acercan directamente a los conductores. “Las abordan y les dejan un panfleto intimidante”, contó.
Como ejemplo, mencionó el caso de un taxista en Bosa Centro. “Un compañero taxista, que el mismo día que le dejaron el panfleto le hicieron un atentado”, afirmó.
Un vocero de la Policía de Soacha recomendó a los transportadores no aceptar los pagos exigidos por los delincuentes. “No ceder ante las amenazas o exigencias económicas de los delincuentes y a informar de inmediato cualquier situación sospechosa”, indicó ante el medio.
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Las autoridades de Bogotá han recibido más de mil denuncias por extorsión durante 2026. Los transportadores sostienen que esa cifra no refleja todos los casos, debido a que parte de las víctimas evita formalizar las denuncias por temor a nuevos ataques.
Judicializan a seis presuntos miembros de ‘Satanás’ por extorsiones a conductores en Bogotá: investigan vínculo con el asesinato de un conductor y su hijo
La Fiscalía judicializó a seis personas señaladas de integrar una red de extorsión atribuida a la banda Satanás, que habría presionado a conductores de transporte informal en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.
La investigación estableció que las víctimas cubrían siete recorridos: Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá.
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La estructura presuntamente exigía pagos periódicos a propietarios de vehículos destinados a ese servicio. Según el expediente, los conductores entregaban el dinero por temor a atentados contra ellos o daños a los automotores con los que trabajaban.
Los propietarios debían reunir $13 millones mensuales para responder a las exigencias de la red. La suma se repartía en dos pagos quincenales de $6,5 millones.
La Fiscalía General de la Nación indicó que la organización habría obtenido hasta $270 millones entre septiembre de 2023 y junio de 2026. El caso contó con el apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional.
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La entidad sostuvo en el encabezado de su comunicado oficial que “las víctimas habrían entregado más de 270 millones para evitar ataques contra sus vidas y vehículos”.
Las autoridades señalaron que las amenazas funcionaban como mecanismo de presión para asegurar los pagos. Los investigadores vincularon esos cobros con la actividad de transporte informal que operaba en los sectores afectados de Bosa.
Los capturados fueron identificados como Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez.
Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.
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