El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles una nueva batería de medidas para contener el precio de los combustibles cuando falta menos de un mes para las elecciones del 4 de octubre, en las que buscará un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. El paquete incluye mayores subsidios para la gasolina, una reducción de impuestos al etanol y una nueva ayuda para el diésel, justo cuando el petróleo internacional vuelve a superar los 100 dólares por barril.
El gobierno brasileño calculó que el conjunto de las medidas representará un desembolso de 6.605 millones de reales, unos 1.300 millones de dólares. La decisión fue adoptada mediante un decreto y una medida provisional firmados por Lula, y amplía un esquema de intervención sobre los precios de los derivados que ya estaba vigente desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
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En el caso de la gasolina, el beneficio pasa de 0,44 a 0,63 reales por litro. Para el etanol hidratado, el Ejecutivo eliminó la carga tributaria correspondiente, lo que representa una reducción de aproximadamente 0,19 reales por litro.

El cambio más relevante alcanza al diésel. La nueva medida provisional establece una subvención inicial de un real por litro para los productores e importadores de combustible destinado al transporte por carretera. Este mecanismo se suma temporalmente a otro subsidio de 1,12 reales por litro que ya se encuentra vigente hasta el 26 de septiembre. Durante el período de superposición, la ayuda podrá alcanzar los 2,12 reales por litro.
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El valor del nuevo beneficio no quedará necesariamente congelado. El Ministerio de Hacienda podrá modificarlo, suspenderlo o extenderlo dependiendo de la evolución de los precios internacionales, la disponibilidad presupuestaria y las condiciones de abastecimiento.
El gobierno justificó la intervención por el aumento de la incertidumbre en los mercados energéticos. El petróleo Brent, referencia internacional, volvió a superar los 100 dólares por barril por primera vez desde finales de julio, después de nuevos ataques contra instalaciones petroleras y embarcaciones en Medio Oriente.
Brasil produce grandes cantidades de crudo y se beneficia del incremento de las cotizaciones internacionales, pero continúa dependiendo del exterior para cubrir una parte de su consumo de combustibles refinados. Más de una cuarta parte del diésel utilizado en el país procede de importaciones, por lo que una escalada internacional puede trasladarse rápidamente al mercado interno.
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“No vamos a permitir que esta guerra irresponsable llegue a su bolsillo y mucho menos al plato de comida del pueblo brasileño”, afirmó Lula en un mensaje grabado.
El mandatario también sostuvo que su gobierno había actuado desde el inicio del conflicto para impedir que el bloqueo del estrecho de Ormuz terminara repercutiendo sobre los consumidores.
El precio del diésel tiene además una incidencia directa sobre el transporte de mercancías y los costos de los alimentos. Brasil ya experimentó las consecuencias de una fuerte protesta de camioneros en 2018, cuando una huelga paralizó rutas, provocó problemas de abastecimiento y generó aumentos en los precios de productos básicos.
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Lula aspira a conseguir un cuarto mandato no consecutivo y enfrenta a Flávio Bolsonaro, cuya campaña cuestiona la evolución del poder adquisitivo de los brasileños. La contienda se desarrolla pese a que la inflación se mantiene bajo control y registró una tasa interanual de 4,44% en julio.
El economista Armando Castelar Pinheiro consideró que la proximidad de las elecciones influye en el diseño del paquete. Según explicó, las circunstancias políticas hacen que la ayuda pueda ser mayor de lo que habría sido en otro momento.
“Si no fuera por el calendario político, habría algún subsidio, pero probablemente sería menor”, dijo.
El diésel brasileño se encuentra alrededor de 28% por debajo de los valores internacionales, mientras que la gasolina presenta una diferencia cercana al 21%, de acuerdo con estimaciones de mercado citadas en los documentos utilizados para fundamentar las medidas.
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El decreto y la medida provisional tendrán una vigencia vinculada a la evolución de la crisis energética y al período electoral, mientras el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de ajustar el esquema si cambian las condiciones del mercado petrolero.
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