El Gobierno de Neuquén continúa la política de “tolerancia cero” y despidió a siete empleados públicos

El gobierno de Neuquén ejecutó siete cesantías en un solo día en el marco de su política de tolerancia cero con el ausentismo y el incumplimiento en la administración pública provincial. Entre los estatales despedidos figuran policías con causas penales, enfermeras con ausencias reiteradas a lo largo de meses y una médica que, mientras abandonaba su cargo en el Hospital Castro Rendón, alegó estar participando de una capacitación en Estados Unidos. Los expedientes, que dan cuenta de sumarios administrativos con sus respectivas intimaciones y audiencias, concluyen en todos los casos con la misma resolución: la separación definitiva del cargo.

La administración provincial encuadra estas medidas dentro de lo que define como el fin de los privilegios de la “vieja política” y un cambio de época en la gestión del empleo público. En ese contexto, los siete casos reunidos en esta jornada abarcan desde el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos hasta la Jefatura de Policía, pasando por tres hospitales de la provincia.

El caso que mayor detalle concentra en los expedientes es el de Flavia Alejandra González, hasta entonces jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. La ahora ex agente no retomó sus actividades a partir del 1° de marzo de 2024, cuando finalizó su licencia sin goce de haberes, y tampoco lo hizo hasta el 11 de septiembre del mismo año, fecha en que se inició el sumario por abandono de cargo. González no se presentó a la primera audiencia indagatoria y, en cambio, envió un correo electrónico en el que explicó que no podía asistir por “su participación diaria en una capacitación en Estados Unidos”. Cuando le solicitaron la documentación respaldatoria de una supuesta renuncia que ella misma mencionó haber presentado, no hubo respuesta.

En su defensa planteó haber ofrecido servicios a distancia, pero según consta en el expediente, eso “no concuerda con el régimen legal provincial”. El documento oficial calificó su conducta como “sumamente perjudicial” para el centro asistencial y advirtió que “situaciones como la descripta no deben ser toleradas, ya que pueden generar un precedente negativo para el resto del personal, que sí trabaja y cumple asiduamente con sus obligaciones de empleo público, además genera un perjuicio en el servicio de salud, y con ello a la comunidad”.

Otros dos casos de cesantía en el sector salud involucran a personal de enfermería. Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán de la ciudad de Neuquén, fue cesanteado por ausencias continuas e injustificadas entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024. El expediente subrayó que “la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral, y el incumplimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves tanto para el individuo como para la institución a la que pertenece”. Por su parte, Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar, acumuló ausencias injustificadas en distintas semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024, lo que derivó en cuatro sumarios administrativos antes de que se concretara su despido.

En el ámbito de la Policía de Neuquén, tres agentes fueron separados de la fuerza. El ex sargento Osvaldo Américo Fuentes enfrentaba una denuncia por violencia familiar formulada el 7 de septiembre de 2024 en la localidad de Zapala, que dio lugar a una causa judicial por “amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual”. A partir de esa denuncia se abrió el sumario administrativo que terminó con su expulsión. La causa penal y el procedimiento administrativo tramitaron de forma independiente.

Los auditores concluyeron que “las transgresiones debidamente probadas resultan incompatibles con el accionar y las conductas exigibles al personal policial”. La ex cabo escalafón oficinista Sabrina Andrea Bustamante Roncallo acumuló 75 días de arresto policial por distintas indisciplinas, sanción que derivó en su cesantía. En tanto, la ex sargento Rocío Ayelén Quintonahuel no se reincorporó al servicio una vez vencida la licencia excepcional sin goce de haberes que le habían otorgado el 10 de julio de 2024 y que expiró el 10 de enero de 2025, sin invocar causa justificada.

El séptimo caso corresponde a Micaela Nahir Barberis, planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Sus ausencias injustificadas se extendieron desde el 9 de enero al 9 de febrero, del 14 de febrero al 27 de marzo, del 3 al 30 de abril y del 2 al 31 de mayo de 2024, con lo que se configuró el abandono de cargo. Barberis tampoco se presentó a la audiencia indagatoria a la que fue citada. Como en los demás casos, el gobierno activó los mecanismos para recuperar los haberes que la ex agente pudo haber cobrado sin trabajar, y advirtió que, de no producirse la devolución, se dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales que correspondan.