La Fiscalía presentó más de 30 pruebas contra ex legislador correísta acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio

La investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio entró en una nueva fase este 5 de agosto con la exposición de las evidencias que la Fiscalía General del Estado atribuye al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, uno de los señalados como presuntos autores intelectuales del crimen. En la audiencia preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, el Ministerio Público presentó 33 elementos de convicción con los que intenta sustentar que el exlegislador habría participado en la estructura que, según la acusación, planificó el atentado ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

La presentación forma parte del proceso previo a una eventual apertura de juicio. En esta etapa, la Fiscalía debe demostrar ante el juez que existen suficientes elementos para sostener la acusación contra cada uno de los procesados, mientras las defensas buscan desvirtuar esas evidencias o cuestionar su validez antes de que el caso avance a la siguiente instancia.

La fiscal Ana Hidalgo expuso un conjunto de documentos, pericias, registros de comunicaciones y testimonios que, de acuerdo con la teoría del caso, permiten establecer vínculos entre Aleaga y otros investigados por el magnicidio. Una parte central de esa evidencia proviene del caso Metástasis, investigación en la que fueron extraídos miles de mensajes de los dispositivos electrónicos del narcotraficante Leandro Norero y que, posteriormente, dieron origen a nuevas líneas de investigación sobre presuntas redes de corrupción y delincuencia organizada.

Entre los elementos incorporados al expediente figuran conversaciones en las que, según la Fiscalía, Aleaga aparece identificado con el alias “Ruso”. Esos chats corresponden a intercambios entre Norero y el empresario Xavier Jordán, también procesado en el caso Magnicidio FV. Uno de los mensajes expuestos durante la diligencia fue fechado el 6 de septiembre de 2022, cuando Jordán habría mencionado que “el Ruso” preparaba documentación relacionada con Fernando Villavicencio, entonces asambleísta y uno de los principales denunciantes de presuntas redes de corrupción y crimen organizado en el país.

Para el Ministerio Público, esas conversaciones reflejan que las acciones contra Villavicencio comenzaron varios meses antes de su asesinato y forman parte de una secuencia de hechos que respaldaría la hipótesis de una planificación prolongada. La Fiscalía sostiene que el homicidio no fue una acción aislada ejecutada únicamente por el grupo de sicarios que disparó contra el candidato, sino el resultado de una operación más amplia en la que distintas personas habrían desempeñado funciones específicas.

Otro de los elementos destacados durante la audiencia fue la versión anticipada del expolicía Rodney Rengel. Según la exposición fiscal, el exuniformado declaró que Aleaga elaboraba documentos y organigramas destinados a desacreditar investigaciones impulsadas por Villavicencio y a construir información que afectara su credibilidad pública. La Fiscalía considera que ese testimonio aporta contexto sobre las acciones que, según su tesis, precedieron al atentado.

Las pruebas presentadas también incluyen informes periciales y documentación obtenida durante la investigación penal, con los que el Ministerio Público intenta establecer la relación entre los distintos procesados y reconstruir la presunta cadena de decisiones que desembocó en el asesinato del candidato presidencial.

Aleaga integra el grupo de personas procesadas como presuntos autores intelectuales del magnicidio, junto con el exministro del Interior del correísmo José Serrano, el procesado Xavier Jordán y otros investigados. Todos han rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y sostienen que no participaron en la planificación del crimen.

El caso Magnicidio FV se convirtió en una de las investigaciones penales más relevantes de Ecuador tras el asesinato de Villavicencio, ocurrido al finalizar un mitin político en el norte de Quito durante la campaña para las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023. Aunque varios autores materiales ya fueron condenados por su participación en el atentado, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar quiénes habrían ordenado, financiado o coordinado la ejecución del crimen.