El Congreso chileno aprobó el último artículo del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de Kast

Con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, el Senado chileno aprobó este martes el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast -una fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años-, aunque todavía faltan por discutir los vetos anunciados por el Ejecutivo y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por la oposición.

El artículo en cuestión establece que la Tesorería General de la República (TGR) deberá transferir a cada municipio los recursos asociados a la compensación -unos USD 190 millones-, que las arcas locales dejarán de recaudar por concepto de contribuciones.

En tanto, los vetos anunciados por el Gobierno apuntan a corregir o eliminar tres indicaciones incorporadas a la también llamada “Ley Miscelánea” por la oposición durante su tramitación: el derecho al olvido financiero por deudas; el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), y los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pequeñas y medianas empresas por parte del Estado.

El veto es una facultad del Ejecutivo que obliga al Congreso a volver a discutir las indicaciones formuladas por el presidente, y una vez que ambas Cámaras se pronuncian sobre ellas, el proyecto puede ser promulgado en su totalidad, cosa que el Gobierno espera suceda el mes de septiembre.

Por su parte, el TC deberá resolver la admisibilidad de los recursos presentados por la oposición que impugnan distintos aspectos de la iniciativa, como la invariabilidad tributaria, por presuntamente vulnerar la Carta Fundamental del país.

Cabe recordar que el corazón del proyecto estrella de la administración de Kast es la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y una polémica medida que garantiza invariabilidad tributaria a grandes inversiones a 10, 15 y 20 años.

Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera “un impacto fiscal neto negativo”, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para “alcanzar las metas de déficit y deuda”.

De acuerdo al Ejecutivo, la aprobación final de este proyecto resulta clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5% del año pasado hasta el 4% al final de su mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5% -actualmente es de 9,4%-, y equilibrar las cuentas fiscales.

Celebra el Gobierno

Una vez finalizada la votación, autoridades de Gobierno aplaudieron la aprobación del último artículo pendiente y el primero en hacerlo fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, autor del proyecto.

“En esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer. Chile vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a la expectativa de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayor posibilidad de empleo a los jóvenes, adultos, hombres, mujeres”, señaló el jefe de la billetera fiscal.

“Es un camino que será persistente, pero con una dirección clara, y después de esta iniciativa vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento”, complementó

Por su parte, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, agregó que “sabíamos que había un grupo importante y numeroso de alcaldes que no querían esta compensación, pero el Gobierno queda tranquilo porque, a partir de la aplicación de la ley, todos los habitantes de nuestro país, a lo largo y ancho del territorio nacional, vivan donde vivan, bajo la comuna que estén, van a recibir esos recursos”.

Así las cosas, ambos personeros confirmaron que esta jornada ingresarán los tres vetos del Gobierno al fin del anatocismo, el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días por parte del Estado a pequeñas y medianas empresas, “iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias”, remató Quiroz.