En siete meses de 2026, el país ha registrado 55 feminicidios, según los datos presentados por el Centro de Estudios de Género en un seminario dedicado al abordaje de la violencia de género.
Estos registros, documentados por la Fundación Vida Sin Violencia, incluyen cuatro casos en el mes de julio, entre ellos el de Dayana Paulino Santos, quien falleció a manos de su expareja, un miembro de la Policía Nacional.
Durante el encuentro, la presidenta de la junta directiva de CE-Mujer, Marianela Pinales, señaló que la persistencia de los feminicidios en el país es motivo de preocupación. La dirigente observó: “En lo que va de año tenemos 51 mujeres asesinadas por feminicidio y ya en julio estamos contando cuatro, porque si hablamos de cuatro, estamos hablando de por lo menos una por semana ha caído asesinada por sus agresores”.
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Tal como recogió Diario Libre, estos datos sugieren que la respuesta estatal podría estar resultando insuficiente frente a la continuidad de los casos.
Propuestas de prevención y revisión de políticas públicas
El planteamiento principal de CE-Mujer gira en torno a la necesidad de ampliar el enfoque de las políticas nacionales. Según la organización, además de la atención a víctimas y la judicialización de los agresores, la estrategia estatal podría centrarse en la prevención y la transformación de patrones sociales y culturales que influyen en la violencia de género.
La presidenta resumió la postura institucional: “Necesitamos que el país se ponga en actitud de pensar y repensar lo que estamos haciendo, porque evidentemente hay cosas que no nos están dando resultado”. Para la entidad, resulta fundamental revisar los enfoques actuales e incorporar acciones preventivas que apunten a modificar las condiciones sociales que permiten la violencia.
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En este sentido, CE-Mujer propuso promover nuevas formas de masculinidad basadas en el respeto y la igualdad. Sostuvo que la violencia de género es una construcción social aprendida y, por lo tanto, susceptible de cambio a través de la educación y la reflexión colectiva.
El papel de la educación y los desafíos institucionales
Una de las preocupaciones expuestas durante el seminario fue la eliminación de una orden departamental del Ministerio de Educación que promovía la transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo. Para la organización, la escuela representa un espacio clave para la formación en valores de igualdad y prevención de la violencia desde edades tempranas.
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La jornada incluyó una dramatización sobre el recorrido que enfrenta una víctima de violencia de género al intentar denunciar a su agresor. Esta representación puso en relieve las barreras y dificultades que, en opinión de los participantes, continúan presentes en la respuesta institucional.
Compromiso colectivo y revisión de estrategias
Las propuestas de las organizaciones apuntan a la necesidad de revisar las políticas existentes y a fortalecer la prevención. La transformación cultural y la educación surgen como caminos posibles para reducir los casos y proteger a las mujeres.
En otra intervención, Pinales vinculó la seguridad de las mujeres con la calidad de la democracia en el país. “No hay democracia si la mujer vive con miedo”, afirmó según Diario Libre, aludiendo a la importancia de garantizar los derechos y la protección de todas las ciudadanas. La dirigente instó al Estado, las escuelas, las universidades, las iglesias, los medios de comunicación y la sociedad en general a asumir un compromiso conjunto para prevenir la violencia de género.
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El seminario concluyó con un llamado a reflexionar sobre las acciones implementadas hasta ahora en República Dominicana, sin perder de vista la complejidad del fenómeno. Las cifras presentadas y las experiencias compartidas por las organizaciones participantes abren el debate sobre nuevas estrategias y enfoques para enfrentar una problemática que sigue presente en la sociedad.
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