El arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a parte de las importaciones provenientes de Brasil entró en vigor este miércoles, mientras el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva analiza posibles respuestas a la nueva medida comercial de la Administración de Donald Trump.
Este gravamen, anunciado la semana pasada, surge de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU (USTR), que concluyó que ciertas políticas brasileñas son consideradas “desleales” y perjudican a empresas estadounidenses.
Entre las prácticas señaladas se encuentran el sistema de pagos automáticos PIX, barreras de acceso a mercados brasileños como el automotriz y el de combustibles, la gestión de la lucha contra la corrupción, la legislación sobre propiedad intelectual y la deforestación ilegal.
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Se calcula que la nueva tarifa impactará en el 18% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, aunque algunas asociaciones comerciales estiman que podría afectar hasta un tercio del total.
Los rubros más afectados serán máquinas industriales, azúcar, etanol, madera y calzado.
No obstante, Trump excluyó del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos la carne, el café, el petróleo, las piezas para aviones, el zumo de naranja y las tierras raras, insumos fundamentales para su industria.
Brasil modera su postura tras prometer reciprocidad
El Gobierno de Lula evalúa sus opciones de respuesta. Inicialmente, anunció la activación “inmediata” de los mecanismos previstos en la llamada "Ley de Reciprocidad“, aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.
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Sin embargo, el vicepresidente Geraldo Alckmin y varios ministros suavizaron el discurso en los días posteriores, priorizando el apoyo a las empresas afectadas.
Algunos sectores productivos brasileños han expresado al Ejecutivo su rechazo a una escalada de aranceles con Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Brasil.
La Administración de Lula toma en cuenta estas posiciones y mantiene la apuesta por la negociación bilateral.
“La idea no es la retaliación. Dicen que ‘ojo por ojo’ y lo que puede pasar es que los dos queden ciegos. La reciprocidad significa decir: ‘miren, estamos siendo objeto de una injusticia y queremos corregirla; tenemos instrumentos para hacerlo en el momento oportuno y de la forma adecuada’”, declaró Alckmin el martes ante periodistas.
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El vicepresidente calificó como “injustos e infundados” los argumentos que fundamentan el nuevo arancel y recordó que Washington mantiene un superávit comercial importante con Brasil.
La situación podría complicarse, ya que Brasil figura entre los 60 países investigados por Estados Unidos por el supuesto uso de trabajo forzoso en sus cadenas productivas, lo que podría llevar a un nuevo arancel del 12,5%.
Por su parte, Lula ha abordado el tema únicamente a través de sus redes sociales. La semana pasada indicó que solo se pronunciará cuando Trump, con quien ya mantuvo varias conversaciones en el último año, explique públicamente las razones de la medida.
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“Cuando Trump hable, yo hablaré. Si Trump no habla, no hablaré porque vamos a demostrar que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo”, afirmó Lula el viernes pasado en un acto en Río de Janeiro.
El arancel coincide con la preparación del país para las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula busca un cuarto mandato no consecutivo. Su principal adversario, según las encuestas, es el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
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