Ecuador pone en marcha la tercera fase de Jóvenes en Acción para brindar un incentivo temporal de más de mil dólares

El Gobierno de Ecuador inauguró la tercera fase del programa Jóvenes en Acción, con la incorporación de 150.000 nuevos beneficiarios que recibirán un incentivo económico temporal mientras desarrollan actividades de capacitación y apoyo en distintas instituciones del Estado. La nueva etapa, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 435, mantiene el esquema de transferencias condicionadas y busca ampliar las oportunidades de inserción laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Cada participante podrá recibir USD 400 mensuales durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 al finalizar el programa. Sin embargo, el acceso a esos recursos dependerá del cumplimiento de una serie de requisitos antes y durante la ejecución de la iniciativa, por lo que la transferencia no constituye un bono de entrega automática.

La tercera fase comenzó después de un proceso de inscripción que reunió a más de medio millón de aspirantes en todo el país, una cifra que superó ampliamente la disponibilidad de cupos. Ante esa diferencia, el proceso de selección priorizó a quienes registran mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica de acuerdo con la información del Registro Social.

Los beneficiarios debían cumplir varias condiciones para ser considerados elegibles. Entre ellas figura tener entre 18 y 29 años con 11 meses de edad al momento de la postulación, encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema y no percibir otras transferencias monetarias permanentes administradas por el Estado.

A esos criterios se suman otros relacionados con la situación laboral de los postulantes. Los seleccionados no pueden mantener afiliación activa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) ni al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). Asimismo, deben disponer de una cuenta bancaria personal para la acreditación de los pagos y no haber formado parte de fases anteriores del programa.

La entrega del incentivo económico está vinculada al cumplimiento efectivo de las actividades asignadas. Antes de recibir el primer desembolso, cada beneficiario debe ser formalmente incorporado a la institución pública donde desarrollará sus funciones. Solo una vez confirmada esa vinculación se habilita el pago inicial.

Los depósitos correspondientes al segundo y tercer mes dependerán de la permanencia del participante en el programa y del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Entre ellas se incluyen la asistencia a procesos de capacitación y la ejecución de las actividades asignadas por la entidad receptora. Si un beneficiario abandona el programa, incumple las tareas previstas o deja de reunir las condiciones de elegibilidad, perderá el acceso a los pagos pendientes.

Las actividades se desarrollarán en diversas instituciones del sector público, entre ellas el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, organismos que coordinarán tanto la formación como el seguimiento de los participantes durante los tres meses de duración del programa.

Las autoridades sostienen que la iniciativa busca ofrecer una primera experiencia de trabajo en el sector público para jóvenes con dificultades de inserción laboral, al tiempo que proporciona un ingreso temporal mientras fortalecen sus capacidades mediante procesos de formación y acompañamiento institucional.

El proceso de notificación a los beneficiarios comenzó a inicios de julio a través de los datos de contacto registrados durante la inscripción. Paralelamente, el Gobierno habilitó mecanismos de consulta para que los postulantes puedan verificar si fueron seleccionados utilizando su número de cédula.

Con esta nueva fase, el Ejecutivo amplía el alcance de una política enfocada en la población joven que enfrenta mayores barreras para acceder al empleo formal. La continuidad dentro del programa dependerá del cumplimiento de las actividades previstas durante los tres meses de ejecución, período tras el cual los participantes habrán completado un proceso de capacitación y experiencia práctica en instituciones públicas junto con la recepción del incentivo económico temporal.