La CIDH exigió a la dictadura de Ortega información sobre el paradero del obispo Mata, desaparecido desde hace más de dos semanas

El organismo regional alerta sobre la ausencia de información independiente sobre el religioso de 80 años, que padece enfermedades previas, y denuncia las represalias contra su representante legal ante el sistema interamericano

La investigación sobre Juan Abelardo Mata busca esclarecer el origen de propiedades y presuntos vínculos familiares, según las autoridades de Nicaragua
(Imagen de cortesía)
La investigación sobre Juan Abelardo Mata busca esclarecer el origen de propiedades y presuntos vínculos familiares, según las autoridades de Nicaragua (Imagen de cortesía)
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó este jueves a Nicaragua para que informe sobre el paradero del obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya situación permanece sin verificación independiente más de dos semanas después de su detención.

Mata fue retenido por primera vez el 29 de junio de 2026, un día después de celebrar una misa en la iglesia Cruz del Calvario de Estelí en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida en Nicaragua. Tras ser liberado y enviado “bajo vigilancia” a su domicilio en Tisma, departamento de Masaya, la policía lo detuvo nuevamente el 30 de junio y lo trasladó a un lugar no revelado. El 4 de julio, el Ministerio del Interior informó que el prelado había quedado bajo “indagación” y había sido devuelto a su casa. Ninguna fuente independiente ha podido confirmar esa versión.

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“Hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud”, alertó la CIDH. La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, declaró a la AFP que fuentes vinculadas a la Iglesia le confirmaron que el obispo “no está en su casa, ni sabemos dónde está”. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había exigido ese mismo 4 de julio la “inmediata e incondicional” liberación del prelado, señalando que “su salud es frágil” y que “no representa ninguna amenaza para el régimen”.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El caso tiene una dimensión adicional que la CIDH señaló expresamente. Jeffer Chavarría, quien representa al obispo Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido objeto de “grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias” por parte de las autoridades nicaragüenses. El mismo día en que el gobierno anunció la supuesta liberación de Mata, agentes policiales se presentaron en los domicilios de varios miembros de la familia Chavarría. Una colaboradora cercana al obispo, Celia Huete, también debió abandonar el país ante el temor de represalias.

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La CIDH subrayó que el ocultamiento del paradero de personas detenidas arbitrariamente constituye “uno de los patrones más graves de la represión” empleados por el régimen para “silenciar voces críticas”, y recordó que desde 2018 ha documentado “un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas” en Nicaragua.

Juan Abelardo Mata dirigió la Diócesis de Estelí entre 1990 y 2021, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años reglamentarios. Desde entonces ejerce como obispo emérito, sin renunciar a denunciar la persecución de la Iglesia. En 2021 la propia CIDH le otorgó medidas cautelares por los hostigamientos que ya sufría. La investigadora Molina ha cuantificado más de 870 ataques contra la Iglesia católica desde 2018, entre detenciones, expulsiones y prohibición de actividades religiosas. Cuatro de las nueve diócesis nicaragüenses tienen a sus obispos en el exilio, y más de 250 sacerdotes han sido desterrados o forzados a huir.

La desaparición verificable de Mata, con medidas cautelares vigentes y representación activa ante el sistema interamericano, es la continuación de una estrategia que, según organizaciones de derechos humanos, busca desmantelar la única institución con capacidad autónoma de articular disidencia en Nicaragua.

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