Antiguo pleito petrolero resurge en la Amazonía ecuatoriana: los waoranis acusan al Estado de desconocer un fallo histórico

Cuando las comunidades waoranis de Pastaza lograron en 2019 una sentencia que paralizó la licitación petrolera del Bloque 22, el caso fue considerado uno de los precedentes más importantes en Ecuador sobre los derechos de los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos. Siete años después, ese conflicto volvió a cobrar vigencia. Los dirigentes de la nacionalidad amazónica sostienen que el Estado ha reabierto la posibilidad de desarrollar actividades hidrocarburíferas en esa zona, pese a que existen decisiones judiciales que impiden avanzar sin respetar los estándares de consulta establecidos por la Constitución.

La nueva controversia llevó a representantes de las comunidades a acudir ante la Defensoría del Pueblo, que organizó una audiencia intercultural en la comunidad de Daipade, en la provincia de Pastaza. Allí, los dirigentes solicitaron la intervención del organismo para impedir cualquier iniciativa que implique retomar el desarrollo petrolero en el Bloque 22, al considerar que ello vulneraría nuevamente sus derechos colectivos y desconocería los fallos emitidos por la justicia ecuatoriana.

Durante la audiencia, las organizaciones indígenas reiteraron que mantienen su negativa a la explotación petrolera dentro de su territorio ancestral. Según expusieron, la eventual reincorporación del bloque a la planificación estatal representa una amenaza tanto para la integridad de sus comunidades como para la conservación de una de las zonas de mayor biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana.

La Defensoría del Pueblo informó que el objetivo de la diligencia fue recopilar los testimonios y analizar si existen elementos que evidencien una posible vulneración de derechos colectivos. Aunque el Ministerio del Ambiente y Energía solicitó aplazar la audiencia, el organismo decidió continuar con la jornada para escuchar a las comunidades presentes y anunció que evaluará las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

El Bloque 22 comprende cerca de 180.000 hectáreas de territorio habitado por comunidades waoranis en Pastaza. Desde hace más de una década ha sido identificado por distintos gobiernos como una zona con potencial para la expansión de la actividad petrolera, lo que ha convertido a este espacio en uno de los principales focos de disputa entre las políticas estatales de aprovechamiento de recursos naturales y las demandas de los pueblos indígenas por el respeto a sus territorios ancestrales.

El origen del litigio se remonta a 2012, cuando el Estado impulsó un proceso de consulta con el propósito de incorporar el bloque a la Ronda Suroriente, una iniciativa diseñada para atraer inversiones destinadas a nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Las comunidades waoranis sostuvieron entonces que ese procedimiento no cumplió con los principios de una consulta previa, libre e informada, pues —según argumentaron— no se respetaron sus formas de organización ni se les proporcionó información suficiente sobre los alcances del proyecto.

La controversia llegó a los tribunales y, en 2019, una acción de protección presentada por dieciséis comunidades obtuvo un fallo favorable. La justicia de Pastaza concluyó que el Estado había vulnerado derechos colectivos al ejecutar el proceso de consulta y dispuso dejar sin efecto la licitación del Bloque 22. La decisión fue considerada un precedente para futuras controversias relacionadas con proyectos extractivos en territorios indígenas.

Posteriormente, el caso continuó su recorrido judicial hasta la Corte Constitucional. Las organizaciones waoranis sostienen que las resoluciones posteriores reforzaron la obligación del Estado de respetar plenamente los mecanismos de consulta antes de promover cualquier actividad extractiva en territorios ancestrales, razón por la cual consideran incompatible que el bloque vuelva a aparecer dentro de la planificación petrolera oficial.

En la audiencia realizada esta semana, los dirigentes insistieron en que las sentencias judiciales no solo suspendieron un proceso administrativo específico, sino que establecieron obligaciones permanentes para el Estado respecto de los derechos de la nacionalidad waorani. Por ello, solicitaron a la Defensoría del Pueblo que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esas decisiones y evitar que se inicien nuevas actuaciones relacionadas con el Bloque 22.

El organismo de derechos humanos analizará ahora la documentación y los testimonios presentados por las comunidades para determinar si corresponde emitir medidas de protección, formular recomendaciones a las instituciones involucradas o impulsar acciones constitucionales adicionales.

La reactivación de esta controversia coincide con un escenario en el que Ecuador mantiene entre sus prioridades el fortalecimiento del sector hidrocarburífero como fuente de ingresos para las finanzas públicas. Al mismo tiempo, diversas organizaciones indígenas y ambientales continúan cuestionando la expansión de la frontera extractiva en la Amazonía, una región donde confluyen intereses económicos, compromisos ambientales y derechos colectivos reconocidos por la Constitución.